El estado de alarma se enreda: el Tribunal Superior de Justicia vasco tumba el toque de queda
El TSJPV rechaza la propuesta del Gobierno vasco para continuar con el toque de queda, el cierre perimetral y la limitación de reuniones tras el fin del estado de alarma por considerar que "afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución"
Cierre perimetral en Galicia durante la Navidad de 2020 / EP
Primer rifirrafe entre comunidades y tribunales por la situación post estado de alarma. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado la petición del Gobierno autonómico que pretendía dar continuidad al toque de queda, al cierre perimetral y a las reuniones de más de cuatro personas una vez finalizado el estado de alarma el 9 de mayo. El tribunal rechazó la propuesta por considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución, sentando así un precedente ante las autorizaciones que deberán adquirir las comunidades autónomas a la justicia para poder continuar con las medidas.
El borrador del decreto planteaba, entre otras cosas, determinar el cierre territorial perimetral de la Comunidad Autónoma cuando la tasa de incidencia acumulada de contagios por Covid-19 en 14 días en el conjunto de Euskadi fuese superior a 200 por cada 100.000 habitantes, así como limitar la movilidad nocturna desde las 22.00 horas.
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ya había adelantado que, en caso de la no aprobación del borrador, el Ejecutivo respetaría aquellas medidas no autorizadas por el TSJPV y firmaría el decreto sin las mismas. Respecto a la limitación del número de personas en reuniones, el auto puntualiza que la propuesta «afecta al derecho fundamental de reunión, y más si no hay distinción entre espacios públicos y privados».
¿Y en Galicia?
Aquellas comunidades autónomas que deseen continuar con ciertas medidas de contención del Covid-19 una vez decaiga el estado de alarma deberán obtener tal competencia con autorización del Tribunal Supremo. El toque de queda, las limitaciones en reuniones de personas, el cierre de fronteras tanto municipales como autonómicas y la restricción de horarios deberán contar con aval judicial.
En el caso de las medidas anunciadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el límite en las reuniones y el cierre de fronteras y toque de queda en los ayuntamientos con nivel máximo de alerta necesitarán la ratificación del juzgado. Con el precedente de lo ocurrido en el País Vasco, la autorización de las medidas queda en el aire.
