El escudo legal de Rajoy salta por los aires

Se acabó. Al menos una vez. A Mariano Rajoy no le ha servido su escudo legal. Un juez ha acabado con su nuevo intento de que la ley le sirva para esconderse de sus responsabilidades políticas. El escudo ha saltado por los aires.

La imagen es de una enorme plasticidad. Las estelades, las banderas independentistas, reconocidas por el Parlament de Cataluña, pero que no son oficiales –la senyera es la bandera de la autonomía– podrán ser portadas en el Vicente Calderón, en la final de la Copa del rey de este domingo entre el Sevilla y el Barça.

El PP no se resigna. Tampoco el Ejecutivo, ni la que ejecutó las órdenes del gabinete de Mariano Rajoy, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, quien no mostró ningún signo de dimisión, aunque, como no podía ser de otra manera, acató la decisión del juez.

Irás al Constitucional

Se trataba de una intentona más de Rajoy, que, además, no ha querido dar la cara en el asunto. Aseguró que no era un tema que le concerniera, que era cosa de la delegación del Gobierno en Madrid. Rajoy ha buscado parar iniciativas de otros gobiernos autonómicos, o de los adversarios políticos, con la excusa de la ley o del Tribunal Constitucional. En particular el conflicto se ha centrado con Cataluña. La última fue el recurso contra el decreto de pobreza energética de la Generalitat. Siempre la ley, siempre la Constitución. ¿Política? No, gracias, no por el momento.

En el PP catalán la satisfacción, tras conocer la decisión del juez, era significativa. También por primera vez, –no se conoce un precedente claro que favorezca a la sede de la calle Urgell de Barcelona frente a la calle Génova de Madrid– el PP catalán que preside Xavier Garcia-Albiol ganó una batalla. Albiol rechazó la estelada, al entender que es excesiva su presencia en los espacios públicos, pero no se mostró partidario de prohibirla en el campo. Fuentes del PP admiten que «era muy claro que los recursos iban a prosperar».

La responsabilidad de Rajoy

La crítica al Gobierno, del propio PP, es que se ha ido demasiado lejos. Y que, en todo caso, si se quiere iniciar un debate serio que ponga en tela de juicio la estelada «se debe afrontar de cara, con responsabilidad».

Nadie de los dirigentes consultados es capaz de asegurar que la decisión fuera de la propia Dancausa. Y se considera que con la relevancia del asunto, y con el populismo que se podía hacer de él, es del todo inconcebible que el Gobierno no lo supiera de antemano. Es más, de ahí salió la orden. Y Rajoy, pese a su otro particular escudo, el de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, conocía perfectamente la cuestión.

El objetivo estaba claro. El PP quiere recuperar el voto perdido el 20 de diciembre que se fue a manos de Ciudadanos. En plazas importantes como Valencia o Castilla-La Mancha una posición firme ante las esteladas podría generar grandes apoyos electorales. Y máxime cuando desde las filas de Ciudadanos ha habido dudas. Mientras Albert Rivera apoyaba a Dancausa, su hombre fuerte en Barcelona, Carlos Carrizosa, expresaba su inclinación por no prohibir la insignida independentista en el Calderón.

Libertad ideológica

El auto del juez es contundente. El escudo legal de Rajoy ha saltado por los aires. Y es que, según el juez, la estelada «como manifestación de una ideología política o creencia no se justifica en qué medida infringe el orden jurídico existente y en qué medida pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales».

El juez añade que se trata de «una mera manifestación de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», como se recoge en el artículo 20.1 de la Constitución.

Rajoy ahora tendrá un problema. ¿Destituye a Dancausa? Si no lo hace, «asume» que no tuvo responsabilidad, y que la orden llegaba de más arriba. Es decir, de él mismo, como apuntan las mismas fuentes consultadas.

Puigdemont y Colau, en el Calderón

La decisión del juez dejó las cosas claras para que el President Carles Puigdemont y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hayan decidido asistir al partido de fútbol. Puigdemont, en una comparecencia en el propio Palau de la Generalitat –con todo el aire que le ha insuflado Rajoy con el asunto— se explayó: «El Gobierno ha fracaso en su intento de impedir la libertad de expresión».

Y exigió la dimisión de Dancausa. «En un país normal, cuando un poder público ha intentado impedir un derecho democrático básico hay que asumir responsabilidades». También aludió a Saénz de Santamaría, quien había advertido a Puigdemont de que sería prisionero de sus palabras. «¿De qué palabras he de ser prisionero, de la palabra democracia, libertad de expresión, respeto a los ciudadanos?»

Un regalo a los independentistas

La estrategia de Rajoy, a las puertas de la nueva campaña electoral de las elecciones generales ha sido «perfecta» para el Govern de la Generalitat, como admiten dirigentes nacionalistas.

El soberanismo recupera el manto que ha querido tener durante todo el proceso independentista: el supuesto carácter democrático del movimiento. Para Convergència, en un periodo muy complicado, con síntomas de enorme debilidad, es un premio inesperado. Y también para Esquerra Republicana, o para la propia Colau y su movimiento, en coalición con Podemos, de Barcelona en Comú.

La operación de Rajoy ha dejado perplejos a los suyos. Todo al revés de lo esperado. ¿Y Dancausa?