El encarcelamiento del Govern conjura al soberanismo para el 21-D

La batalla política en las próximas semanas será la más intensa en la historia reciente de Cataluña. La decisión de la juez Carmen Lamela Díaz de dictar prisión preventiva para los consejeros del Govern de Carles Puigdemont, que sigue en Bruselas, –pero ofreció un mensaje de apoyo a sus consejeros en TV3– provocó este jueves un terremoto en el seno del soberanismo, que se ha conjurado para “arrasar” en las urnas el 21 de dIciembre, en palabras –sí, es cierto– de la que fuera presidenta del Parlament, la democristiana Núria de Gispert, entonces una de las dirigentes de confianza de Josep Antoni Duran Lleida.

Las concentraciones fueron inmediatas, delante del Parlament, y en plazas públicas en diferentes ciudades del territorio. Y el lema fue el que difundió Puigdemont, desde un lugar desconocido en Bélgica, pero a través de su cuenta de Twitter: “El clamor furioso del 155 nos quiere en prisión. El clamor de los catalanes es de libertad”. Previamante, el mensaje incidía en el argumento del soberanismo, el empleado por los consejeros que este martes fueron encarcelados: “El legítimo Govern de Catalunya encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado por el Parlament”. Y eso es, precisamente, lo que trató de desmontar la juez Lamela.

El soberanismo ha ido obedeciendo ese mandato del Parlament, desde las elecciones de 2015, con la mayoría de Junts pel Sí y la CUP, sin tener en cuenta que no había dos legalidades, sino una, la que exige el cumplimiento de la Constitución y del Estatut. Es lo que se señala en el auto de la juez, que repasa todas las actuaciones del Govern de Puigdemont. “De esta forma –tras mencionar los documentos en los que se diseñó el plan para buscar la independencia de Cataluña– los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con el reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaría a la celebración del Referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre”.

La juez asegura en el auto que existía un plan organizado, desde el Govern, con la colaboración de la ANC y Òmnium

Es decir, lo que la juez destaca en su auto es que todo el gobierno catalán, desde arriba, con dinero público, y con la colaboración de las dos entidades soberanistas, que tienen como socios a muchos de los miembros del propio ejecutivo catalán, —el presidente de Òmnium, Marcel Mauri, es asesor de Oriol Junqueras en el departamento de Economía-– puso en pie un plan para lograr la secesión, que pasaba por un conflicto en la calle, “crear un Estado propio incluso contemplando la posibilidad de recurrir a una eventual desconexión con el Estado Español derivando, si fuese necesario y como último recurso, un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación o en su defecto un referéndum forzado que igualmente les permitiera declarar la independencia”.

El hecho es que el bloque soberanista no entró a valorar el auto, sino la propia decisión del ingreso en prisión. Según la juez eso se justifica por los “graves delitos” –rebelión, secesión y malversación– de los que han sido acusados los consejeros Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles Mundó, a la espera de detener a los que se encuentran fuera de España, como el propio Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

La maquinaria, precisamente, de ese movimiento soberanista ya se ha puesto en marcha, con manifestaciones para los próximos días, una posible “huelga de país”, como reclamó el presidente de la ANC, Agustí Alcoberro, y una manifestación en Barcelona para el día 12 de noviembre.

La lista unitaria, la reedición de una especie de Junts pel Sí está ahora más cercana

La vía política, en todo caso, es la que impera, con la idea de agrupar todas las fuerzas para el 21 de diciembre. El Gobierno de Mariano Rajoy era consciente de esa posibilidad, y de que el ámbito de la justicia no se iba a detener, con el posible ingreso en prisión del gobierno catalán. Pero el Ejecutivo español está determinado a mantener su plan, con la aplicación del 155 sólo hasta la celebración de las elecciones, y con el propósito, –no de lograr una amplia victoria en las urnas del bloque constitucional, porque sabe que es muy complicado– de hacer respetar la ley, de volver la Generalitat a la “legalidad”.

Los partidos independentistas buscarán ahora una lista unitaria, aunque existen diferencias para configurarla. Es Oriol Junqueras el más interesado –no hace unos meses– en alcanzar una candidatura soberanista, que se podría lograr con “un programa común”, aunque con varios partidos, o sólo con una lista única. El Pdecat, más reticente, se ve en la tesitura de seguir esos pasos de Junqueras, pero con el objetivo de elegir su cartel electoral, –con unas primarias realizadas a toda pastilla– que se integre en la candidatura general del soberanismo. Las dudas se centran en la CUP, aunque sus dirigentes se han mostrado partidarios de aunar esfuerzos.

El soberanismo tiene el reto ahora de mantener las movilizaciones hasta el 21-D

Quien quedó en una posición muy complicada es, precisamente, el exconsejero Santi Vila, que aspira a liderar la candidatura del Pdecat. La juez dictó libertad para Vila, previo pago de una fianza de 50.000 euros. Pasó la noche en prisión, pero saldrá, previsiblemente, este viernes. La juez consideró que Vila evitó el último instante de la operación secesionista, al dimitir como consejero antes de la votación de la proclamación de la “república catalana”. “El mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, esto es, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”.

La situación se complica también para partidos como el PSC, que buscan una vía de acuerdo, y que pueden jugar un papel fundamental tras los comicios del 21-D. Miquel Iceta, que ha negociado en las últimas semanas para evitar tanto la DUI como la aplicación del 155, se ve ahora en la tesitura de respetar la decisión judicial, pero con el lamento de las consecuencias políticas que puede comportar. El expresidente José Montilla, consideraba «desproporcionada» la medida.

La duda, en todo caso, también estará en el lado soberanista, porque el reto es mantener una fuerte movilización hasta las elecciones, después de dos largos años de tensiones, y, en particular, desde finales del mes de agosto, los días previos a la aprobación de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad jurídica del 6 y 7 de septiembre, día negros para el independentismo, por la vulneración flagrante de la Constitución y del Estatut.