El dinero maniata a Carmena para cumplir sus promesas urbanísticas

Una cosa es predicar y otra dar trigo. Lo que muchos se temían acerca de las dificultades que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se iba a encontrar para paralizar algunas de las operaciones urbanísticas que se están llevando a cabo o están a punto de iniciarse en la capital, empiezan a resultar evidentes.

Y una razón de peso subyace detrás de este obligado cambio de parecer. Las cuantiosas indemnizaciones económicas que el Ayuntamiento de Madrid debería estar dispuesto a desembolsar caso de que, tras los litigios que se derivarían al resolver contratos o concesiones, los tribunales dieran la razón a los recurrentes.

Pretextos administrativos, legales y económicos

Una reciente reunión de los responsables municipales de la nueva Área de Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige José Manuel Calvo, con miembros de la asociación Madrid Ciudad y Patrimonio (MCyP), de la que forman parte urbanistas, sociólogos y arquitectos, sirvió para certificar esta impresión.

Que «en conjunto, los representantes municipales admitieron estar en un 99% de acuerdo con los planteamientos y objetivos de MCyP, aunque pretextaron innumerables dificultades administrativas, legales y económicas para poder asumirlos», apuntan desde la asociación.

La realidad hace bajar el diapasón

Han bastado unas semanas al frente de la concejalía para que Calvo y su equipo, no desterraran pero sí bajaran el diapasón de las ideas recogidas en el programa electoral de Ahora Madrid. «La Operación Campamento se quiere perpetrar frente al interés general», decía Calvo antes de ser concejal.

En este caso, podría ser la única actuación, al no haber habido todavía transacción económica por los terrenos, que pudiera ser susceptible de que, de acometerse, se hiciera bajo las premisas que proponen los nuevos responsables municipales de recuperar la intervención directa en la planificación y en la gestión del suelo. De haber mantenido el PP la alcaldía, el interés del magnate chino Wang Jianlin por estos terrenos, propiedad del Ministerio de Defensa, hubiera acabado acelerando la operación. Ahora, tendrá que esperar.

La cautela se impone

En otros desarrollos, ya con importantes inversiones realizadas, la cautela se impone. Son muchos los millones de euros que están en liza y hay que obrar adecuadamente para no herir susceptibilidades.

Es el caso de del Edificio España, adquirido por el propio empresario asiático. A diferencia de Canalejas, aquí el Grupo Wanda ya ha desembolsado 265 millones de euros tras comprárselo al Banco Santander, y tiene previsto invertir 100 millones más de cara a construir 300 viviendas, un hotel de 20.000 metros cuadrados y un centro comercial de cinco plantas en plena plaza de España de Madrid.

Demolición total del Edificio España

En principio, todo parecía encarrilado y lo hubiera seguido estando si Esperanza Aguirre hubiera sido la alcaldesa. Pero ahora, el asunto se ha enredado. Los arquitectos que trabajan en este proyecto para Jianlin entiende que resulta inviable acometer la obra manteniendo en pie la fachada principal y los dos laterales, tal y como está previsto con lo ordenado por la Comisión Local de Patrimonio, por evidentes razones de seguridad.

Además, aseguran que los materiales con los que se hizo el edificio hace 60 años no aseguran su durabilidad a largo plazo, tras comprobar que la mayor parte de los lienzos de fachada, a base de ladrillos y piedra artificial, están muy deteriorados, especialmente por la corrosión que amenaza al revestimiento de la piedra. Y que, por tanto, no queda otra que demoler el inmueble en su totalidad, comprometiéndose a restaurar las tres fachadas en integridad piedra a piedra.

Sin alternativas

En el Ayuntamiento de Madrid, de entrada, no están dispuestos a ceder. En dicha reunión, los representantes municipales de Urbanismo se mostraron contrarios tanto a la rebaja de protección acordada en la pasada legislatura como a su previsto derribo, pero sin ofrecer ninguna decisión alternativa al respecto.

En este sentido, desde MCyP creen que lo primero que deberían hacer para respaldar esta nueva postura es retirar la defensa de la desprotección que el actual consistorio, en un acto heredado, sigue manteniendo en los tribunales frente al recurso interpuesto por Ecologistas en Acción.

Desaguisado de Villar-Mir

Todavía más complejo resulta reorientar el conflictivo y complejo asunto de la ‘Operación Canalejas’. También fue el Banco Santander el vendedor. En este caso, no al chino Jianlin, sino a Espacio. La inmobiliaria del grupo que preside Juan Miguel Villar-Mir pagó 215 millones en 2012 a la entidad presidida por Ana Patricia Botín, la que, posteriormente, además, otorgó un crédito de 270 millones para financiar las costosas obras.

Tal está siendo el desaguisado acometido por Villar-Mir que hasta la anterior corporación, presidida por Ana Botella, tuvo que paralizar cautelarmente las obras por haber demolido, sin licencia, elementos catalogados con la máxima protección histórico-artística y declarados Bienes de Interés Cultural (BIC). A pesar de lamentar la situación, los responsables municipales se han mostrado renuentes a exigir responsabilidades a los causantes del destrozo acometido.

El objetivo de Villar-Mir en esta operación, junto a la Puerta del Sol, es convertir los seis antiguos edificios en uno solo, destinado a albergar un hotel de 200 habitaciones que sería gestionado por la cadena Four Seasons, además de un centro comercial de 15.000 metros cuadrados y 35 apartamentos de lujo.

Concesión a Florentino

La reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y la asociación MCyP también abordó una concesión otorgada a Dragados, la constructora el grupo ACS que preside Florentino Pérez.

La relativa a la ordenación del paseo de la Dirección, en Tetuán, donde no han salido las cuentas y sobre la que Pérez lleva año mareando la perdiz ocho años, con el beneplácito de los consistorios capitalinos gobernados, primero por Alberto Ruiz-Gallardón y después por Ana Botella.

Las cuentas de la lechera se fueron al traste

Florentino pensó en hacer un negocio redondo. Poner algo menos de 200 millones para reurbanizar el ámbito y expropiar a los vecinos, a cambio de quedarse con 75.000 metros cuadrados para vivienda libre, pero la crisis dejó el tema empantanado.

Ahora, meses antes de las elecciones, Florentino y Botella dejaron preparada una modificación de la concesión, para aumentar a 100.000 metros cuadrados el terreno con el que se quedaría Dragados, pero el tiro salió por la culata con la llegada de Carmena a la alcaldía. O no. La resolución de la concesión supondría la consiguiente indemnización para la empresa de Florentino Pérez.