“El Covid-19 ha sido un revulsivo para la ocupación de viviendas”
Los empresarios inmobiliarios estiman que más de 400 viviendas están ocupadas ilegalmente en Galicia, la mayoría de procedencia bancaria
Las ocupaciones ilegales de viviendas han aumentado en Galicia durante la crisis provocada por el coronavirus. La coyuntura económica, así como las esperanzas de okupas de poder empadronarse o solicitar ayudas si acceden a los inmuebles, han servido como revulsivo para un fenómeno más habitual en las grandes ciudades, pero en tendencia creciente en los últimos meses en territorio gallego.
Empresarios inmobiliarios estiman que más de 400 viviendas están ocupadas de manera irregular en la comunidad, la mayoría de procedencia bancaria. Solo en la mitad de los casos, estas ocupaciones acaban en denuncias, como las 145 presentadas el año pasado.
“Si hasta ahora no he abordado el tema era porque, personalmente, valoraba que solo podía contribuir a generar inquietud o alarma social, pero tener una legislación obsoleta que no se actualiza ha permitido que actuaciones que eran esporádicas en Galicia, ahora ya no lo sean. El Covid-19 ha sido un revulsivo”, dice el empresario Benito Iglesias, también presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. Añade que es un problema a tener muy en cuenta en una comunidad con 300.000 viviendas vacías como la gallega.
Tres perfiles de okupa
Hay al menos tres perfiles de okupa. Por un lado, las personas que han perdido su vivienda y no tienen ingresos. Por otro, los que los empresarios llaman “okupa profesional”, que busca presionar para obtener un beneficio económico. Por último, estarían los antisistema.
Iglesias recuerda que la zona, barrio o urbanización con una vivienda ilegalmente ocupada se convierte en una zona insegura, con probables problemas de convivencia y, en consecuencia, deprecia el valor de las propiedades.
Aunque inicialmente los casos gallegos se concentraban en los cascos antiguos y barrios periféricos, los okupas están tendiendo en los últimos meses a entrar en viviendas del centro y semicentro de ciudades como Santiago, Vigo, Ourense o A Coruña, junto a las viviendas unifamiliares de urbanizaciones.
Soluciones legales
“Esperamos que el legislador legisle para proteger los derechos del propietario. Defiendo que la ocupación de una vivienda sea considerada como un delito con pena de prisión y que la Policía pueda desalojar la vivienda ocupada en menos de 24 horas”, reclama Iglesias.
El empresario cree que hay una sensación de “impunidad” en los okupas que ha fomentado la mayor actividad, ya que las multas no les afectan al tratarse de personas “insolventes”. El presidente de Fegein recomienda a los propietarios “solicitar el desalojo cuanto antes”, pues pasadas 48 horas la Policía no puede desalojar a los okupas sin orden judicial, trámite que delita meses el procedimiento. También destaca el papel de la comunidad de vecinos a la hora de detectar una ocupación para poner una denuncia rápida.
