El Constitucional divide la política gallega: Rueda aplaude y PSOE y BNG hablan de «ataque democrático»
El presidente de la Xunta considera que el TC "solo respondió" a un recurso que se presentó sobre la tramitación de un texto normativo, por lo que "no puede dañar la democracia" sino "reforzar el funcionamiento de las instituciones"
Alfonso Rueda, Néstor Rego y José Tomé
Las reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional con la que se ordena paralizar la tramitación de las enmiendas destinadas a su propia renovación no se han hecho esperar. El presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha celebrado la resolución y ha esgrimido que evidencia que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo «tenía razón».
El mandatario gallego ha respondido a las voces críticas con la postura del Constitucional y ha advertido que «no es ningún hecho antidemocrático ni excepcional que las instituciones funcionen». Además ha considerado que esto «no puede dañar la democracia», sino que «lo que hace es forzar el funcionamiento normal de las instituciones». Así, ha subrayado que «es chocante, que otro poder del Estado pretenda decir que es algo excepcional».
De este modo, el titular de la Xunta ha apuntado a que el TC «solo respondió frente a un recurso que se presentó sobre la tramitación de un texto normativo» y que se trata del «funcionamiento normal del TC».
Sobre las declaraciones hechas por el presidente del Gobierno, Rueda ha señalado que «es una evidencia clara de lo que está pasando, que el presidente piense que es un mérito decir que va a acatar lo que dice el TC». Así, ha indicado que Sánchez «o realmente no entiende nada o no sabe cómo funciona la justicia».
En esta línea, el titular de la Xunta ha indicado que le gustaría que «no hubiera sido necesario interponer ese recurso», pero que, a juicio de los populares, «el Gobierno tendría que haber hecho las cosas de otra manera».
Anomalía institucional
El presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSdeG-PSOE en la provincia, José Tomé, ha advertido este martes de la «anomalía constitucional» que vive España tras la decisión del Constitucional. «Yo creo que hay una anomalía constitucional en este momento, porque creo que la actuación que tuvo el Tribunal no es acorde al Estado de derecho en España», ha afeado.
Tomé ha considerado que «difícilmente se puede anular una ley que aún no está aprobada». «Es cierto que estaba en tramitación y que se había votado en el Congreso de los Diputados, pero hasta que la apruebe el Senado y luego vuelva al Congreso si hay modificaciones no se convierte en norma. Si no hay norma no sé por qué se anula, aunque parece ser que fue el procedimiento», ha explicado.
En este contexto, el dirigente lucense ha reclamado al Gobierno central que, «si el problema es el procedimiento, que lo cambien» y «que lleven otra vez al Congreso de los Diputados esa reforma porque es muy necesaria».
A juicio de Tomé, todo esto obedece a que «el Partido Popular quiere gobernar la judicatura cuando gobierna y cuando está en la oposición». Así, le ha recordado que «las leyes de las que se dotó el Estado español, el Estado de derecho, es que cuando toca renovar los órganos jurisdiccionales, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, sean las Cortes Generales las que elijan a esos representantes».
Decisión ilegítima
Por su parte, Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, ha calificado como «ilegítima» la resolución del Tribunal Constitucional y ha apuntado que el Senado no debería acatarla y llama a la «unidad de las fuerzas democráticas» ante lo que define como un «gravísimo golpe blando judicial».
El diputado nacionalista ha aludido en una rueda de prensa a opiniones de juristas que aluden a la «ilegitimidad» de esa resolución amparándose en que el TC no está facultado para ejercer un «control a priori» de las leyes.
Desde su punto de vista, el alto tribunal ha sido «instrumentalizado» por la «política ultra» y ha optado por vulnerar la separación de poderes y limitar la facultad del legislativo. Según ha señalado, es la primera vez que sucede con las Cortes, pero ya tuvo un precedente en el Parlamento catalán en 2017.
Rego ha indicado que antes de anunciar el acatamiento de la resolución, el Congreso y el Senado deberían haber analizado la «legitimidad o ilegitimidad» de la decisión para, a partir de ahí, decidir el siguiente paso.
