El Congreso respalda una ley que obligaría a Feijóo a contratar a 6.000 enfermeras
Solo PNV y JxCAT muestran su rechazo a una proposición de ley promovida por el sindicato Satse que fija ratios mínimas de enfermeras por paciente y población
Sanitarias realizan pruebas de Covid en Monforte de Lemos (Lugo). E.P.
El sindicato de enfermería Satse ha llevado al Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) para regular la ratio de enfermeras por paciente de los centros sanitarios. La organización presentó el pasado octubre más de 660.000 firmas en la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) para que la denominada Ley de Seguridad del Paciente pudiera ser debatida en el Congreso.
El texto ha avanzado desde entonces en su tramitación con un amplio respaldo de los grupos, pues solo PNV y JxCAT mostraron su rechazo a una propuesta que, de salir adelante, forzaría la contratación masiva de profesionales tanto en el sistema público de salud como en los centros privados. Satse defiende que España arrastra un déficit de profesionales de enfermería respecto a Europa, ya que dispone de cinco por cada 1.000 habitantes mientras que la media europea es de nueve, lo que provoca que “en los hospitales haya hasta 20 pacientes o más por cada enfermera, cuando la ratio segura está en 6-8 pacientes por cada profesional”.
De aprobarse, sería la primera normativa europea que establece un número máximo de pacientes por cada enfermera bajo la premisa de garantizar una atención segura. Pero además provocaría un terremoto en los cuadros de personal de los sistemas autonómicos de salud.
El «déficit» de enfermeras en Galicia
Según las estimaciones realizadas por la propia Satse a comienzos de este año, Galicia tiene un déficit de casi 6.000 profesionales, con la provincia de Pontevedra como la peor dotada, pues necesitaría incorporar 2.618 enfermeras; le seguiría A Coruña, con un déficit de 2.070; en Ourense se necesitarían 794 más mientras que Lugo debería incorporar a 437 profesionales.
La ratio de enfermera por habitante en el sistema de salud pública en Galicia es de las más bajas del Estado, con 3,8 por cada 1.000 habitantes, por lo que el impacto de la normativa sería mayor que en otros territorios.
Sin embargo, hay bastantes dudas sobre la viabilidad de aplicar las medidas que propone el sindicato. Además del incremento de costes para el sistema público, el volumen de profesionales disponible actualmente será probablemente insuficiente para cubrir la reposición de plazas y, al mismo tiempo, disminuir la ratio a las cifras que exige la ILP.
A pesar de las dudas sobre la financiación de la medida, sobre la disponibilidad de personal y también sobre la situación en la que quedarían los auxiliares de enfermería, la iniciativa recibió en diciembre el respaldo de la mayoría de grupos, incluidos PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Vox o BNG. En enero se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y ahora debe ser tomada en consideración por los grupos en el pleno del Congreso, último paso antes de su desarrollo y aprobación.
Las ratios
La normativa establece que, con carácter general, “se asignará un máximo de 6 pacientes por cada enfermera, pudiéndose asignar hasta 8 pacientes en función de las condiciones de los pacientes, de las características de la unidad y de la franja horaria de trabajo”. En UCI sería un tope de 2 o 3 pacientes por profesional, mientras que en áreas quirúrgicas y post quirúrgicas habría un máximo de 3 pacientes por enfermera.
“En Atención Primaria de salud, la asignación de población por cada enfermera no deberá superar los 1.500 habitantes, pudiéndose reducir esta cantidad en función de la tasa e indicadores de complejidad, tales como la edad, la cronicidad, la pluripatología u otras”, dice el texto.
La normativa prevé también sanciones administrativas para aquellas comunidades que incumplan los límites fijados. Satse estimó en su momento que, para elevar la ratio de enfermeras por habitantes a la media europea, sería necesaria la incorporación de 130.000 profesionales en España.
