El Congreso culpa al Banco de España del fraude de las preferentes
PP, PSOE, ERC y PNV avalan el dictamen parlamentario sobre la crisis financiera, que reprueba al instituto emisor
Todos apuntaron en su día y ahora disparan contra el Banco de España. El informe y las conclusiones de la comisión que ha investigado en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros llega este jueves al Pleno del Congreso, que en su última sesión antes de la disolución de las Cortes avalará el dictamen de esta comisión y realizará una última criba a las conclusiones y propuestas presentadas por los grupos.
El informe fue aprobado favorablemente por PP, PSOE, Esquerra Republicana, PNV y Coalición Canaria, mientras que Unidos Podemos y Compromís se abstuvieron y Ciudadanos optó por votar en contra. En cualquier caso, todos ellos, a excepción de las formaciones del Grupo Mixto (CC y Compromís), decidieron registrar sus votos particulares, que también se votarán en el Pleno.
Sin embargo, ninguno de ellos prosperará, ya que según han informado los diferentes grupos, todos ellos rechazarán el resto de propuestas particulares a excepción del suyo propio, lo que los condena al fracaso y a no incorporarse al dictamen.
El «papelón» del Banco de España
En su relato, la comisión de la crisis financiera reprueba la gestión realizada por el Banco de España y el resto de organismos de supervisión, pues considera que «no hicieron frente a sus obligaciones» para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria.
Así, considera que «había herramientas disponibles» para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas «no se usaron por falta de voluntad política», y carga contra el supervisor en su gestión sobre las preferentes, pues cree que «no impidió» su venta pese a que «ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales». Su venta es considerada como «una decisión desesperada de la industria financiera» y «un claro engaño a los consumidores», señala.
Cajas y bancos por igual
El informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente del PP le achacan la Ley del Suelo, que «favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible», y al socialista la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.
También condena «el funcionamiento del modelo de negocio bancario» desarrollado «a lo largo de las últimas décadas» como «una de las causas de la crisis financiera». «Este modelo basaba su crecimiento en la expansión del negocio hipotecario e inmobiliario, tanto en volumen como copando amplios territorios», subraya.
El informe apunta que «la propensión al desarrollo de operativas que aumentaban el riesgo de entidades se daba de manera similar entre bancos y cajas de ahorros, por lo que la asunción de estas malas prácticas se relaciona más con la gobernanza de cada entidad particular que con su forma jurídica y titularidad». De hecho, destaca que también muchos bancos recurrieron a la venta de preferentes.
A salvo de las politizaciones
«Del fracaso de las cajas no cabe concluir el éxito de los bancos. A estos últimos les salvó su diversificación internacional, mientras que en España también experimentaron dificultades y ayudas puntuales», abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.
Respecto a los diferentes modelos de gestión, gobernanza y una posible politización de las entidades, el informe señala que «las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación», y también la existencia de «incentivos perversos que promueven la toma de decisiones erróneas».
El dictamen asegura que «lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorro, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares», y niega que la diferente titularidad de cajas respecto a los bancos haya sido «un factor determinante en su diferente exposición a la crisis».
