El caos contable de la Confederación Miño-Sil deja al interventor sin palabras
El auditor detecta hasta siete irregularidades y es incapaz de evaluar el balance del organismo público, que lleva siete años intentando contabilizar sus bienes sin conseguirlo
La Confederación Hidrógráfica Miño Sil tiene que sumar a sus amplias responsabilidades sobre el dominio público hidráulico la necesidad de resolver un lío contable de magnitud. Tantos son los flecos sueltos en su balance de ejercicio que la Intevención General del Estado, auditor del organismo público, se ha declarado incapaz de emitir una opinión sobre si el documento presentado por la CHMS se parece o no en algo a la realidad. «No hemos podido obtener una evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre las cuentas anuales», explica el interventor.
No es la primera vez que sucede. Y es que la Confederación Hidrográfica lleva ya siete años intentando elaborar el inventario de sus bienes del inmovilizado y existencias sin conseguirlo, hasta el punto que ha sido el propio organismo presidido por Francisco Marín Muñoz quien se ha puesto a confeccionarlo valiéndose de sus propios medios. Pero como todavía es un trabajo en curso, la Intervención General del Estado no es capaz de comprobar el activo, el inmovilizado y las existencias, así que prefiere no pronunciarse, denegar la revisión, y a otra cosa.
Más gasto del presupuestado
Sí que recoge el informe del interventor diversos errores e irregularidades en las cuentas del ejercicio 2014. Detecta hasta siete, algunas de ellas tan llamativas como vulnerar «las normas de imputación recogidas en la ley General Presupuestaria» o contabilizar como activos lo que en realidad «tenía naturaleza de gastos de ejercicio». «Similar circunstancia se puso de manifiesto en los informes de auditoría de los ejercicios 2009 a 2013, proponiéndose unos ajustes, que no se han realizado, por importe de 4.236.353,43», regaña el auditor.
También advierte el interventor que el organismo, en su día presidido por Francisco Fernández Liñares, implicado en la Operación Pokemon, excedió la masa salarial autorizada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en 50.813 euros. Es decir, se gastó 1,5 millones en personal laboral, cuando el tope establecido era de 1,48 millones.
Incumplimiento en Ferrol
La lista de reproches prosigue con la reclamación de información ausente en la memoria de ejercicio relativa a los costes por actividades e indicadores de gestión, unos datos que la propia Intervención General de la Administración del Estado había pedido ya en una resolución de 2011.
Finalmente, el auditora señala que la Confederación Hidrográfica incurrió en gastos que no le correspondían en la adecuación de la estación de bombeo de A Malata (Ferrol). La actuación articuló en base a un convenio que repartió costes entre la CHMS y Augas de Galicia, pero, dice el interventor, la Confederación asumió integramente el gasto de ponerla en marcha, casi 60.000 euros.
