El abogado de Baltar carga contra la Guardia Civil, desliza una conspiración y dice que no iba “ni a 200 por hora”

El letrado que defiende al presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, sale a la contra con acusaciones contra la propia Guardia Civil y pone en duda la transparencia de todo el proceso. Este miércoles, el abogado ha vuelto a insistir que “no cabe procedimiento penal” y se aferra al margen de error del radar. Su argumento es que el político del PP «no iba ni siquiera a 200 km/h» como dictamina la resolución inicial por la que asumió la multa administrativa, aunque después se redujo el margen del 7% al 5%.

Baltar estaba citado este miércoles en el Juzgado de lo Penal de Zamora para responder en un juicio por supuesto delito contra la seguridad vial a raíz de unos hechos que se remontan al pasado domingo 23 de abril, cuando fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche de la Diputación.

Juicio anulado por la huelga de funcionarios

El juicio –ahora pendiente de que se fije una nueva fecha– se ha anulado finalmente a causa de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia y Baltar no ha llegado a desplazarse al juzgado, adónde sí acudieron su abogado y los agentes que se encargaron del atestado. Su abogado ha recalcado su «evidente disposición» a colaborar con la Justicia y fuentes del entorno del ourensano aseguran que estaba en Zamora, aunque no llegó a ir a la sede judicial. La comparecencia podía ser presencial o telemática.

A la puerta de juzgado, en declaraciones a los medios, Montero se ha reafirmado en la tesis de que su defendido ya asumió la multa administrativa y ha puesto el foco en supuestas «irregularidades» en el proceso, como la «alteración» de informes por parte de la Guardia Civil, hasta el documento definitivo que dio pie al procedimiento penal. El quid de la cuestión estaría en el margen de error del radar que cazó al también líder provincial del PP ourensano.

En un primer momento, a Baltar se le notificó una infracción administrativa por exceso de velocidad, por lo que asumió la pérdida de seis puntos del carné de conducir y una multa de 600 euros, que se vio reducida a 300 por pronto pago. Sin embargo, posteriormente, al tratarse de un cinemómetro ubicado de forma temporal en un punto fijo, el margen de error se habría reducido del 7% al 5%, lo que justificaría un procedimiento penal.

El letrado mete la campaña electoral

El abogado de Baltar ha reiterado que en la jornada del exceso de velocidad se «dictó una resolución» que «es firme» y que apunta a que Baltar «no iba ni siquiera a 200 kilómetros por hora». Una cuestión que, ha remarcado, posteriormente, «se modifica» dando pie a un procedimiento penal.

«Es imprescindible, para que la justicia sea justa, que previamente se compruebe por qué se han ido realizando esas actuaciones que no son ordenadas por el juzgado, que no son ni siquiera conocidas por él. Realizadas por quienes son, en principio, los actuantes, sobre un expediente que había quedado cerrado, y que luego ha ido incorporando modificaciones a la carta, entiéndanme en lenguaje coloquial», ha dicho el letrado, antes de indicar que sucede todo ello en un momento «oportuno o inoportuno», según en punto de vista, en relación a la campaña electoral para el 28 de mayo.

«Modificaciones, errores, donde dije digo, digo Diego… Que no estaba este señor y estaba otro, el sitio kilométrico… Una serie de irregularidades que vienen a confirmar que el expediente administrativo era correcto, que circulaba por debajo de los 200 kilómetros por hora, que se dictó una resolución y que ha cumplido», ha añadido.

Filtraciones a los medios

Crítico también con las filtraciones a los medios, ha remarcado que «sería importante conocer» cómo llegan a los periodistas los datos de una causa en un momento en el que es «confidencial y secreta», antes de reiterar que esta es, en todo caso, «improcedente», y debería anularse.

«O bien que se haga una instrucción conforme a la ley, en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano, sin ningún tipo de presión mediática ni judicial», ha apelado.