El 3% de las comisiones atenaza a Mas a menos de un mes del 27S

El dedo acusador de Pasqual Maragall en 2005 queda muy lejos. Era un 24 de febrero. En juego estaba la elaboración de un nuevo Estatut. Diez años más tarde, las investigaciones policiales indican que aquel porcentaje, sobre el cobro de comisiones por parte de Convergència, tras el encargo de obras públicas, podría ser una realidad comprobable.

A menos de un mes del 27 de septiembre, de unas elecciones que el president Artur Mas pretende que se circunscriban a un plebiscito sobre la independencia, la Guardia Civil irrumpió este viernes en la sede de la fundación de Convergència, en Catdem, y en la propia sede del partido, en la calle Corsèga de Barcelona, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Quería arroparse bajo una candidatura, pero ha aparecido su inmediato pasado como dirigente de Convergència.

CDC reaccionó de forma airada, al entender que se trata de una «operación política», mientras que el Gobierno, en boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, conminó al Ejecutivo catalán a asumir la realidad, y a no esconderse detrás de la bandera.

Sólidos indicios

¿En qué se basaba la vicepresidenta? Anticorrupción ha acabado reuniendo sólidos indicios sobre el pago de comisiones. Fue a finales de julio cuando la policía halló pruebas que pueden documentar esas partidas en el resgitro de la empresa Teyco, una constructora de la familia Sumarroca, relacionada desde siempre con Convergència.

Lo que está llevando a cabo la Guardia Civil es el registro en la fundación de Convergència y en la sede del partido, y en diversos ayuntamientos, como Sant Cugat –el único en manos de CiU mientras Artur Mas estuvo en la oposición con los gobiernos del tripartito–, Figueres, Sant Celoni y Lloret de Mar.

En todos los casos, las localidades tenían alcaldes convergentes en el momento de los supuestos pagos. Lo que destaca de esta operación es que esas partidas se produjeron en los últimos años, y llegaron hasta el año pasado, en el caso de la fundación Catdem.

Comisiones por obras públicas

Los furgones de la Guardia Civil se plantaron frente a la sede de la fundación, en la calle Casp de Barcelona. Los agentes también se personaron en el domicilio de un viejo conocido, el ex tesorero de CDC, Daniel Òsacar, que ya fue acusado en el caso Palau. Entonces, las investigaciones apuntaron a la empresa Ferrovial, por pagar a Convergència suspuestas comisiones a través del Palu de la Música.

Y es que el último gobierno de Jordi Pujol dejó algunas perlas al primer gobierno tripartito: las obras de construcción de la línea 9 del Metro, y la Ciudad de la Justicia, que se adjudicaron a Ferrovial.

Convergència denuncia ahora la «oportunidad política», pero fuentes del PP recuerdan que también se resgistró la sede del partido, y se detuvo a referentes como Rodrigo Rato, además del proceso contra Luis Bárcenas, ex tesorero del partido conservador.

Transparencia

Los partidos implicados en la candidatura de Artur Mas, Junts pel Si, como Convergència o Esquerra Republicana, pero también el propio cabeza de lista, el ex de ICV Raül Romeva, están reaccionando de forma muy distinta. Para Romeva, que no se siente concernido –él mismo criticó con fuerza a CDC– la prioridad absoluta debe ser «la transparencia».

Porque, ¿de dónde surge todo esto? Las operaciones de registro mantienen las investigaciones que hace dos años se iniciaron contra el alcalde de CDC de Torredembarra, en Tarragona, Daniel Massagué. Fue detenido en 2014 y en julio de 2015 por recibir hasta 1,4 millones de euros desde empresas controladas por la familia Sumarroca.

De hecho, el consejero delegado de Teyco, Jordi Sumarroca, fue detenido y llegó a pasar varios días en prisión. Se trata del hijo de Carles Sumarroca Coixet, uno de los fundadores de Convergència y un hombre de Jordi Pujol.

Plebiscito sobre un partido

Las investigaciones del mes de julio llegaron hasta dos cajas fuerts en la casa de Sumarroca, y en las instalaciones de Teyco, y aquí se encontraron notas que detallaron el pago de comisiones. Según distintas fuentes, se hallaron pruebas sobre ese 3% en el pago de comisiones que apuntó en su día Maragall, acusaciones que acabó retirando en beneficio de que se pudiera elaborar el Estatut, ante el chantaje que le presentó, en plena cámara parlamentaria, Artur Mas.

La campaña electoral todavía no se ha iniciado. Pero el foco ha cambiado. ¿Un plebiscito sobre la independencia, o un plebiscito sobre la relación de un partido político con un operativo empresarial?