DomusVi y la Fundación San Rosendo registraron el 43% de las muertes por Covid en residencias
La Fiscalía de Galicia advierte que las residencias de mayores “parecen más hoteles que centros hospitalarios” y habla de “desamparo” de los usuarios
Varios ancianos en una de las salas de la Residencia de mayores de Carballo, a 19 de junio de 2021, en A Coruña, Galicia. La Xunta de Galicia ha decidido levantar las restricciones activadas en el último año y medio en residencias – M. Dylan
El año que estalló la crisis sanitaria fue también el de la llegada de denuncias contra los centros de mayores por la gestión del Covid y el fallecimiento de ancianos. Así lo recoge la memoria de la Fiscalía de Galicia, que desvela que, hasta el 31 de diciembre, tramitó nueve diligencias de investigación penal y cuatro preprocesulaes civiles, “la mayoría vinculadas a centros de mayores”.
El balance del Ministerio Público señala que la pandemia causó 571 fallecidos en las residencias, el 41% del total en Galicia en 2020. De estas, casi la mitad (43%) se produjeron en cuatro centros, tres del grupo DomusVi (Santiago, Barreiro-Vigo y Aldán-Pontevedra) y el de A Nosa Señora da Esperanza de Ourense, de la Fundación San Rosendo.
DomusVi es el mayor grupo en Galicia y España en atención a mayores y uno de los que más denuncias recibió. Al frente estaba hasta este año Josefina Fernández, que fue cesada como consejera delegada y que compareció en el Parlamento ante la alarma generada en sus residencias.
En la comunidad hay 86 centros públicos y 294 privados, siendo DomusVi el principal actor del sector, heredera de la antigua Geriatros de las extintas cajas gallegas.
«La calidad tenemos que pagarla»
Ante este escenario, la Fiscalía razona que es necesario «más presupuesto público y más gasto privado» como vías para mejorar la calidad de las residencias de mayores tras las carencias reveladas por una crisis sanitaria que dejó en una situación de «desamparo» a los ancianos usuarios de geriátricos, concebidos más como «hoteles» que como centros sociosanitarios.
«La calidad hay que mejorarla, pero tenemos que asumir que hay que pagarla», añade Fiscalía, que remarca en sus conclusiones sobre el pasado año que la pandemia «afectó de forma especialmente cruel» a las personas con discapacidad y a los mayores, ya que evidenció la «nula existencia» de protocolos de urgencia para episodios de salud pública.
Además, también echa en falta mayor coordinación entre Estado y comunidades autónomas, a las que apela a revisar sus conexiones de cara al futuro, al tiempo que censura la situación de aislamiento que padecieron los usuarios de residencias a la hora de relacionarse con sus familias y allegados.
«Es una cuestión que la ciudadanía no entiende, la situación de desamparo en que se vieron las personas mayores en las residencias y sin poder tener relación con sus familiares, a los cuales se les daba la posibilidad de acceder a ver a sus parientes, evidentemente por razones de salud, pero quizás sería procedente acordar un protocolo o una normativa general para toda España sobre criterios básicos», concluye.
