Del Rey a Bankia: 9 meses de choques entre Sánchez e Iglesias
Las tensiones entre Sánchez e Iglesias por Bankia suponen el enésimo conflicto de la coalición, que ha expuesto sus diferencias desde el día uno
Anunciaron un Gobierno de coalición y han escenificado un Gobierno de oposición interna permanente. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cierran filas ante las cámaras y trasladan que el Ejecutivo está más fuerte que nunca, pero en los nueve meses que han transcurrido desde la investidura acumulan más de una decena de choques frontales. Algunos todavía pendientes de resolución como es el caso del recién inaugurado conflicto por la posible fusión entre Bankia y Caixabank.
No es para menos: una de las banderas de la última campaña electoral de Unidas Podemos fue «impedir» la privatización de Bankia. En las negociaciones posteriores al 10-N, el PSOE logró excluir esta reivindicación morada del acuerdo de coalición, y ya desde el inicio de la legislatura Nadia Calviño —la bestia negra de Iglesias en el Gobierno— ha dejado claro su posicionamiento. No han impedido estos antecedentes que Podemos, primero, mostrase sorpresa por la noticia de la fusión, y segundo, cargase contra la operación.
Las tensiones por la posible unión de Bankia y Caixabank son tan solo las más recientes en una larga lista de pugnas internas de la coalición que sugieren que, cuanto menos, los entornos de Sánchez e Iglesias tienen serios problemas de comunicación interna. La fórmula de este choque por la posible privatización de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha sido muy similar a la de otras peleas de PSOE y Unidas Podemos que han tenido lugar en La Moncloa. Primero, sorpresa e indignación; después, un deslavazado acuerdo.
La secuencia ha sido un bucle desde enero y se ha convertido ya en unas de las marcas del Gobierno de coalición. Una dinámica que se ha visto acentuada por el timing inconveniente de la pandemia, que ha obligado a los dos hemisferios del Ejecutivo a reforzar la imagen que quieren transmitir ante el electorado. El PSOE ha buscado validación como un partido de Estado y de centro, pese a estar asociado con quienes le quitan el sueño; y Podemos ha intentado trazar paralelismos entre el año 2020 y el 15-M, su base existencial.
Estos son diez de los conflictos más trascendentes de los nueve meses del Gobierno de coalición, y sus resoluciones (si las hubiere).
Bankia y Caixabank
Las heridas son aún muy recientes y el pulso amenaza con no acabar pronto. Por ahora, Podemos ha reaccionado a la negociaciones entre Bankia y Caixabank exhibiendo un rechazo total y advirtiendo de que, a su juicio, la posible fusión es «preocupante para la economía española». El gurú económico de Iglesias, Nacho Álvarez, ha asegurado que la apuesta por entidades financieras demasiado grandes «genera importantes riesgos para la estabilidad del sector» y ha hecho un llamamiento a recuperar o «proteger» el dinero del rescate de Bankia.
Álvarez decidió ignorar que, desde la noche del jueves, cuando se disparó la noticia, el Ministerio de Asuntos Económicos aseguró que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) «analizará con completa objetividad» la operación «desde la perspectiva de generación de valor y optimización de su capacidad de recuperación de ayudas». No obstante, esto también sugiere que Calviño estaba informada —Podemos reprocha que no le avisaran—. La vicepresidenta económica ha sido partidaria desde el inicio de la legislatura de «tomar la decisión adecuada» respecto a Bankia.
El Rey y la Monarquía
Una de las ocasiones en las que los de Iglesias más airadamente han criticado a sus socios de coalición fue cuando se anunció la salida de España del Rey emérito Juan Carlos I, nada más comenzar el mes de agosto pasado. Tras conocer que Carmen Calvo medió con la Casa Real para facilitar el movimiento, Irene Montero dijo en televisión que la marcha del emérito «desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno. Respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición».
Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos se habló directamente de «deslealtad» por parte del PSOE al no avisar de la decisión que había tomado Juan Carlos I. Sánchez, en cambio, aplaudió a la Corona y transmitió su total confianza en la figura del Felipe VI. Las tensiones al respecto no han cesado; el PSOE tumbó una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades fiscales del monarca, y ahora Podemos ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional para «conocer la verdad» sobre estos asuntos.
Presupuestos
La previa de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado ha sido hasta ahora toda una demostración de fuerzas por parte de Sánchez e Iglesias. El Gobierno de coalición tenía hipotecadas las cuentas en su acuerdo con las formaciones nacionalistas que facilitaron la investidura, pero la crisis del coronavirus echó por tierra las relaciones con algunos de sus socios, especialmente ERC, que desde que empezó a rechazar las prórrogas del estado de alarma advirtió de que la legislatura pendía de un hilo por no sentirse complacida con la gestión del Ejecutivo.
Podemos ha intentado desde entonces reconducir las cosas con ERC, pero la aproximación de PSOE a Ciudadanos ha probado ser más que una excepción circunstancial. Sánchez y Cs no han dejado de acercar posiciones en los últimos meses, y la decisión de Sánchez de priorizar a la formación naranja sobre Esquerra ha llevado a Iglesias a forzar su participación directa en las negociaciones con todos los partidos. Ahora el citado Nacho Álvarez presiona a María Jesús Montero para que el proyecto sea lo más a la medida de Podemos posible.
Reforma laboral
Podemos solía defender la derogación íntegra de la reforma laboral desde siempre, pero lo que firmó con el PSOE antes de confirmar la coalición fue la derogación de algunas partes de la legislación laboral impulsada por el PP. El 21 de mayo, con la emergencia sanitaria en uno de sus peores momentos y la tensión política in crescendo, los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos y EH Bildu pactaron la derogación íntegra de la reforma laboral, y en cuestión de horas el hemisferio socialista del Gobierno rectificó y limitó el acuerdo a una reforma parcial y no urgente.
En aquel entonces, parecía que el Gobierno estaba a punto de romper. Calviño se vio forzada a intervenir para matizar el acuerdo y señalar que el compromiso de su Ministerio seguía siendo el adquirido con Podemos en el pacto de coalición. Y tras unos meses de tregua, el problema ha renacido en el marco de la negociación de los Presupuestos. Podemos ha puesto otra vez la derogación sobre la mesa y, encima, ha llevado al Congreso una propuesta para llevarla a cabo. Lo hizo poco después de que Cs revelase que una de sus líneas rojas para acordar las cuentas es, precisamente, la derogación de la reforma laboral.
Subida fiscal
Al igual que la reforma laboral, la subida de impuestos se ha perfilado como punto de discrepancias entre el PSOE y Podemos de cara a los Presupuestos. También es una medida que Cs rechaza. Los de Iglesias han insistido estos últimos días en que es necesario incrementar la capacidad fiscal del Estado y que los Presupuestos deberán recoger las propuestas fiscales incluidas en el acuerdo de coalición. Pero María Jesús Montero ha matizado que, debido a las circunstancias actuales, lo más probable es que la subida de impuestos se tenga que «modular» en el proyecto de las cuentas.
Acuerdo de la FEMP
El acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dejado al PSOE solo en su intención de que los ayuntamientos transfieran sus ahorros al Estado. De hecho, el acuerdo salió adelante solo con los votos a favor del PSOE y el voto del presidente de la FEMP; Podemos votó en contra. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez deberá defenderlo ante el Congreso, al haberse transformado el decreto ley, y los socialistas no tienen ningún voto a favor que no sea suyo. Podemos asegura que el acuerdo es «poco coherente» y es previsible que ayude a tumbarlo.
Estado de alarma
La declaración del estado de alarma, a mediados de marzo, fue una oportunidad para Sánchez de ningunear a Iglesias. Durante las primeras semanas del confinamiento, el presidente del Ejecutivo creó un pequeño comité de ministros solo con siglas socialistas y dejó a Podemos fuera de la toma de decisiones. Iglesias intentó parar los pies a Sánchez en el consejo de ministros extraordinario que avaló el estado de alarma, que se demoró durante varias horas más de lo previsto en un intento del vicepresidente por hacerse con algo de poder durante la crisis sanitaria. No lo consiguió.
Política migratoria
La política migratoria de Fernando Grande-Marlaska fue causante del primer conflicto público de la coalición. Sucedió en febrero, cuando el Gobierno ya tenía tras suyo varios escándalos como el ‘Delcygate’. Con Marlaska las relaciones no eran fluidas antes de la investidura, y tampoco lo han sido desde entonces. Cuando el ministro del Interior amenazó con endurecer su discurso migratorio y aplicar las llamadas «devoluciones en caliente», desde Podemos exigieron su rectificación: «Es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de coalición».
Cataluña
Si Iglesias se sentara en la mesa de diálogo (iba a hacerlo en su primera reunión pero enfermó) encontraría difícil saber de qué lado sentarse. Pertenece al Gobierno de Sánchez, pero sus reivindicaciones sobre Cataluña están más alineadas con ERC que con el PSOE. El líder de Podemos es pro-indultos a los líderes del procés y el presidente del Gobierno los ha descartado y prefiere hablar de revisar el delito de sedición en el Código Penal. En general, al PSOE le incomoda el debate sobre los indultos (ha aprovechado la crisis para aparcarlo, de hecho), mientras que Iglesias no se corta y pide liberar a los presos.
Montero vs Calvo
En marzo pasado, antes del estado de alarma, Podemos y PSOE protagonizaron una guerra de vicepresidentes a cuenta de la ley de violencias sexuales que promovía la ministra de Igualdad, Irene Montero. La iniciativa finalmente fue aprobada, pero en medio de un combate entre Montero y Carmen Calvo, que cuestionó la calidad técnica de la norma. Los morados le acusaron de utilizar al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para sabotear la ley de Montero. E Iglesias cargó contra Campo y Calvo, asegurando que «en las excusas técnicas hay mucho machismo frustrado».
