De Boiro a Verín: los 18 concellos gallegos declarados zona catastrófica

La lista aprobada este martes en el Consejo de Ministros en la que se declara las zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil –conocida como zona catastrófica– incluye un total de 18 ayuntamientos gallegos afectados por 20 grandes incendios forestales acontecidos en la comunidad entre el 15 de julio y el 10 de agosto. La provincia que cuenta con un mayor número de zonas declaradas es Ourense con un total de nueve grandes incendios, seguida de Pontevedra con cinco, y Lugo y A Coruña con tres.

Arbo (Pontevedra) y Oímbra (Ourense) son los únicos dos municipios gallegos que figuran por partida doble en el listado aprobado en el Consejo de Ministros. El ayuntamiento ourensano vivió dos de los grandes incendios del verano, iniciados el mismo día (16 de julio) en las parroquias de Rabal y Videferre; mientras que el pontevedrés tuvo otros dos separados por cuatro días de diferencia.

Por su parte, los grandes incendios de la provincia de A Coruña son los iniciados en Boiro el 4 de agosto, en Ames un día más tarde y en As Pontes el día 9 del mismo mes. Los de Lugo se produjeron el 15 y el 17 de julio, con origen en Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón y Palas de Rei.

En la provincia de Ourense, cuatro de los grandes incendios fueron en julio –Carballeda de Valdeorras (día 14), Oímbra-Rabal (16), Oímbra-Vidaferre (16), Castrelo de Miño (27)– y los cinco restantes, en agosto –Verín (3), Chandrexa de Queixa (9), O Irixo (10), Laza-Chandrexa de Queixa (10) y Boborás (10)–.

Por último, los fuegos de Arbo (30 de julio), A Cañiza (31 de julio), Arbo-Barcela (3 de agosto), Caldas de Reis (4 de agosto), Ponte Caldelas (5 de agosto) corresponden a las zonas catastróficas declaradas en Pontevedra.

El Gobierno aclara que el listado identifica cada incendio con el nombre del municipio en el que se originió, aunque las ayudas «se extienden igualmente al resto de ayuntamientos afectados».

Ayudas a los afectados

Las medidas de recuperación previstas en el acuerdo aprobado este martes, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por valor de 18.000 euros; por destrucción total de la vivienda habitual hasta una cuantía máxima de 15.120 euros, por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 10.320 euros, o por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 5.160 euros.

Se incluyen entre estas las ayudas por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros, así como por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50 por ciento de la valoración técnica efectuada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros. También, las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, y a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, hasta 9.224 euros.

El acuerdo prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Además, se recoge la adopción de otras medidas de ayuda, condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas por cada uno de los diferentes departamentos competentes para desarrollarlas. Así, los distintos ministerios podrán declarar determinadas zonas de actuación especial, así como la emergencia de las obras necesarias para reparar los daños causados por cualquiera de estos siniestros en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias.

Por otro lado, se prevé la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. En cuanto a beneficios fiscales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es habitual estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Asimismo, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

Además, las entidades locales recibirán ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales, según ha detallado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Una vez que se elabore un informe detallado sobre los daños causados por estos incendios forestales y se disponga de una valoración técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, podrá completar este real decreto con la adopción de otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.