Cospedal y su marido, en el punto de mira por los contratos del cementerio nuclear

Las andanzas de la recién diputada electa por Toledo, María Dolores de Cospedal, en relación al cementerio nuclear, en el municipio conquense de Villar de Cañas, siguen trayendo cola.

El pasado viernes, dos días antes de las elecciones del 20D, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear presentaba un nuevo escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, con documentación detallada acerca de los contratos del Almacén Temporal Centralizado (ATC) adjudicados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a Iberinco. La filial de ingeniería y construcción de Iberdrola que, en mayo de 2012, nombró consejero a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP y entonces presidenta de Castilla-La Mancha.

El escrito, complementario de otro presentado y admitido a trámite el pasado mes de mayo, pretende que la Fiscalía deslinde un presunto delito de malversación de fondos públicos por parte del anterior presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, y del actual, Juan José Zaballa, así como de otro, de tráfico de influencias, de la propia María Dolores de Cospedal en favor de su marido. Supuestas malversaciones relacionadas con gastos en la construcción de un vivero de empresas, un laboratorio y varias carreteras, que nada tienen que ver con los fines de Enresa.

Antecedentes

Para enmarcar el asunto, cabe recordar cómo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, en una de sus primeros acuerdos de la pasada legislatura, decidió que, siendo Cospedal presidenta de Castilla-La Mancha, fuera elegida la localidad de Villar de Cañas, en Cuenca, para albergar el ATC. Y que, entre mayo y junio de 2012, la propia Cospedal logró que su marido llegara al consejo de Iberinco y que Gil-Ortega –exalcalde de Ciudad Real y número 2 del PP en Castilla-La Mancha– fuera designado presidente de Enresa.

En este segundo escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Economía Digital, la Plataforma –contraria al cementerio nuclear, proyecto paralizado desde que el pasado 30 de julio se iniciara el procedimiento para incluir los terrenos del ATC dentro de una zona protegida ZEPA–, pone el foco en varias obras realizadas a través de convenios con la Diputación de Cuenca, la empresa pública Gicaman y varios ayuntamientos.

Laboratorio y vivero de empresas abandonados

Entre esas obras, la construcción de un laboratorio y un vivero de empresas, por casi 2,5 millones de euros, que nunca se justificaron y que llevan abandonados desde que se entregaron las obras en marzo de 2015. También mediante convenio, se ha pagado con dinero público varias carreteras que no servirán para el transporte de residuos, puesto que las rutas están desde hace tiempo establecidas por Enresa, según recoge el escrito denuncia.

En cuanto a las adjudicaciones directas de Enresa, destacan cuatro contratos a la empresa Iberinco (en solitario o mediante empresas participadas por ella) por un montante de 34 millones de euros.

Contratos a Iberinco

En dos de estos contratos –la obra de ingeniería principal del silo y el diseño del laboratorio de combustible del Centro Tecnológico–, adjudicados a la multinacional estadounidense Westinghouse por más de 22 millones de euros, Iberinco participó a través de dos de sus empresas participadas, Empresarios Agrupados y Ghesa.

De manera directa, Iberinco se adjudicó, por más de 3 millones de euros, los trabajos de ingeniería del almacén de espera de contenedores, y, en consorcio con la filial de ingeniería de Gas Natural, el módulo del almacén de residuos de Media Actividad, por casi 3 millones de euros.

Práctica paralización

En la actualidad, el proyecto de cementerio nuclear no cuenta con ninguna de las cinco autorizaciones necesarias para iniciar las obras. Ni la autorización de emplazamiento y construcción por parte del Ministerio de Industria, tras el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, ni la Declaración de Impacto Ambiental que debe evacuar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ni tampoco las nuevas normas urbanísticas por parte de la Consejería de Fomento, al quedar anulado el plan de urbanismo por parte del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, el presidido por Emiliano García-Page.

No obstante, aunque desde el pasado 30 de julio, con la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del procedimiento de ampliación de la ZEPA-ZEC ‘El Hito’, el ATC está paralizado, los responsables de Enresa, con Juan José Zaballa al frente, siguen adjudicando contratos del cementerio nuclear. Y han contado durante la pasada campaña electoral con el apoyo del cabeza de lista por el PP en Cuenca, el ministro de Justicia Rafael Catalá.

Nuevas adjudicaciones

Una de las últimas adjudicaciones realizadas fue la de la obra de redacción del proyecto constructivo del ATC, el pasado 23 de septiembre, muy criticado por el Colegio Oficial de Geólogos, puesto que los estudios geológicos pendientes están inconclusos.

Más recientemente, Enresa también ha incluido al almacén nuclear y al parque empresarial de Villar del Olmo como instalaciones a las que suministrar fluido eléctrico entre abril de 2016 y marzo de 2018.

Polémica protección de los terrenos del ATC

En relación al frente abierto por el nuevo Ejecutivo regional de ampliar las hectáreas protegidas de la Laguna de Hito, para que la protección alcanzar el terreno del ATC, el Ayuntamiento de Villar de Cañas y 1.600 vecinos de otros municipios han presentado un escrito de alegaciones en el que piden información sobre la apertura del supuesto procedimiento de participación pública.

La abogada de los afectados, Pilar Martínez, entiende que, de no existir los procedimientos previos de participación pública, los mapas que definan perfectamente el nuevo espacio o los estudios que justifiquen dicha ampliación, el procedimiento resultaría nulo.