Contas tira de las orejas a la Xunta por la falta de control sobre Audasa

La Xunta tiene en la AP-9 un motivo constante de preocupación. Si no es por la venta de su concesionaria, lo es por los choques con Fomento para tratar de lograr su trasferencias. Este viernes, el Consello de Contas ha puesto sobre la mesa otro quebradero de cabeza también recurrente: el de los peajes en la sombra.

En informe de fiscalización sobre la cuenta general de la Comunidad, publicado este viernes, el organismo pega un buen tirón de orejas al Gobierno gallego por los fallos en la gestión de las cuentas en esta materia. «Los compromisos futuros están infravalorados por la insuficiente estimación de los compromisos con la empresa Audasa –Autopistas del Atlántico, S.A.– por la supresión del peaje, ya que de nuevo las previsiones resultaron ser inferiores al gasto realmente producido», apunta el documento.

En concreto, la desviación en el último año fue de 379.633 euros, pero entre 2007 y 2013 la cuantía total supera los 7 millones de euros, más de uno por año. Por este motivo, el Consello de Contas considera que la Xunta «debería revisar y ajustar los compromisos plurianuales a la ejecución real de este gasto en función de los resultados del tráfico de años anteriores y de la información disponible de cara al futuro».

Alegaciones

Sobre esta cuestión, el Ejecutivo autonómico presentó una alegación en la que recuerda que la Xunta, en virtud del convenio firmado con Fomento y Audasa, debe recoger en sus presupuestos las cuantías que deberá satisfacer a la concesionaria en el ejercicio siguiente. Parte para ello de previsiones de tráfico basadas en datos de años anteriores, por lo que pueden producirse modificaciones sustanciales por tratarse de un período «tan largo».

Sin embargo, el Consello de Contas decidió no recogerla, al entender que la actualización de la tarifa a pagar a la concesionaria de la autovía (en ésta y en todas) se debe efectuar «año a año, en función del tráfico real hasta el momento y no en estimaciones realizadas en función de tráfico esperado». De esta forma, la Administración tendría cubiertos para cada ejercicio los gastos por el uso de las infraestructuras. «Un comportamiento prudente de la Administración requiere una previsión adecuada de los gastos en cada ejercicio», concluye el informe.