Contas aprueba (con peros) el plan anticorrupción de la Xunta

El Consello de Contas sitúa al Gobierno gallego en un nivel "medio" en la implantación de elementos de control interno para prevenir la corrupción pese al impulso" del último año

José Antonio Redondo López, conselleiro maior de Contas

José Antonio Redondo López, conselleiro maior de Contas

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El Consello de Contas arroja un balance de claroscuros sobre los sistemas de la Xunta para prevenir la corrupción. El organismo fiscalizador ha hecho público su informe correspondiente al año 2022 en el que evalúa estos mecanismos y en él celebra el «impulso» por parte de la Xunta en esta materia en el último año, pero considera que la tarea ha quedado incompleto.

«La evaluación global de los sistemas de control interno y gestión de riesgos pone de manifiesto que la administración autonómica, frente a las medidas y actuaciones aisladas destacadas en Informe de diagnóstico 2018, ha impulsado en el último año el diseño de un sistema consolidado y estructurada de integridad plasmado en una estrategia basada en criterios técnicos para una prevención de la corrupción«, destaca la entidad.

Pese a ello, la administración gallega se sitúa, según el Consello de Contas, en un nivel «medio» la implantación de los elementos de control interno. A su juicio, la Xunta ha aprobado «la mayoría» de los «esenciales» pero todavía quedan aspectos «pendientes que deben desarrollarse».

Balance de las recomendaciones

En este sentido, el Consello de Contas considera que la Xunta ha aplicado de manera total seis de las recomendaciones planteadas en el pasado mientras que otras tres han sido parcialmente recogidas. En el caso de las primeras, el organismo fiscalizador destaca la puesta en marcha de códigos éticos, planes de prevención de riesgos de la corrupción o la puesta en marcha Comisión Interdepartamental de Coordinación e Supervisión da Integridade. Entre las recomendaciones sobre las que la Xunta no habría recogido de todo el guante del Consello de Contas figuraría la efectuada para establecer un plan de formación para los servidores públicos con énfasis en la ética y la integridad.

Y es que, según el organismo fiscalizador, «solo un 30% de los directivos manifiestan tener un buen conocimiento del código institucional». Además, este código ético no se actualiza periódicamente y su última revisión (programada para 2022) todavía no se ha llevado a cabo, según el Consello de Contas.

Contas pide mejorar la difusión del comité ético

Entre las nuevas recomendaciones, el organismo que dirige José Antonio Redondo López pone de relieve la necesidad de «mejorar el conocimiento y la percepción del personal sobre el marco ético y la cultura ética». También aboga por poner en marcha una Comisión de Coordinación e Integridad y «completar el marco jurídico de la regulación de los conflictos de interés».

Así, el Consello de Contas apuesta por implantar pautas procedimentales para la tramitación y resolución de las situaciones de conflicto y «elaborar algún protocolo de verificación de la exactitud y la integridad de la información declarada previamente».

Según el Consello de Contas, el marco normativo abarca temas clave como la política de regalos, la trayectoria profesional tras dejar la función pública o las declaraciones de bienes de altos cargos. Sin embargo, el organismo considera que las «mejoras pendientes» radican en el diseño de los procedimientos para aplicar estas políticas, así como en los mecanismos de control de su cumplimiento y en la comunicación y orientación prácticas dirigidas al personal para favorecer su cumplimiento.

Además, considera necesario que se eleve la intervención del comité de ética a órgano de asesoramiento «preceptivo» y garantizar la publicidad de los pronunciamientos sobre las denuncias. Por su parte, en lo referente a la administración de riesgos, el Consello de Contas pone de relieve que la «urgencia» en la aprobación de planes llevó a una «translación automática de planes modelos» y a la remisión de catálogos de riesgos y medidas «comunes», algo que, a su juicio, va «en detrimento del análisis individualizado y reflexivo de las carencias de gestión y riesgos específicos de los distintos centros».

Así, en todos los centros existen «determinadas medidas de control orientadas a los riesgos de fraude o de corrupción», si bien son «controles genéricos comunes». Es por ello que considera de importancia capital el hecho de «completar en el futuro con controles específicos adicionales que refuercen la prevención en aquellas actividades más sensibles a actos de esta naturaleza».

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