Conflicto por el agua: la Xunta acusa al Gobierno de torpedear sus competencias para frenar los desembalses

El vaciado de embalses en Galicia por parte de grandes hidroeléctricas este verano ha destapado un conflicto entre Gobierno central y Xunta de Galicia: ambas administraciones entrecruzan acusaciones de dejadez de funciones que impidieron parar el drástico descenso del caudal de cuatro pantanos. Este domingo, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ahondó en el tema y criticó “la deslealtad institucional y el desprecio de las competencias autonómicas” por parte del Ejecutivo central, del que depende la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Las palabras de la conselleira se producen después de una semana particularmente agitada en la que la Confederación pidió una rectificación al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que manifestó que ni este organismo ni el Ministerio de Transición Ecológica informaron a la Xunta de la decisión de Iberdrola de acometer una drástica reducción de caudal en dos de los embalses que explota en la comunidad, un movimiento que el Ejecutivo gallego desconocía. El organismo presidido por José Antonio Quiroga informó, no obstante, de que tanto Iberdrola como, posteriormente, el propio organismo comunicó a departamentos de la administración autonómica la intención de acometer el vaciado de los embalses de As Portas y Cenza. Argumentan que la Xunta sí tiene competencias para frenar los desembalses en base a su ley de Pesca si argumenta que estos pueden afectar a las especies ictícolas (los peces) de las cuencas.

Expedientes a la CHMS y a las eléctricas

Tras estas acusaciones, la Xunta de Galicia, en dos jornadas consecutivas, anunció la incoación de expedientes sancionadores tanto a la propia Confederación Hidrográfica del Miño-Sil como a las concesionarias de cuatro embalses especialmente afectados, Iberdrola y Naturgy.

Este domingo, la conselleira del Medio Ambiente da un paso más y señala que fueron precisamente los organismos dependientes de la administración central los que impidieron a la Xunta aplicar sus competencias con respecto a la ley de pesca. «La Confederación Hidrográfica ha demostrado una gran deslealtad institucional con las competencias de Galicia, con sus ríos y con su riqueza piscícola», dijo Vázquez, que ha remarcado que el órgano estatal ha «prescindido» y no ha «aplicado» la normativa gallega de pesca fluvial que regula la intervención de la consellería para que los vaciados «no causen daños a la fauna».

«Una norma autonómica que, por su parte, sí respeta totalmente las atribuciones de la Confederación», ha incidido la titular de Medio Ambiente. «Prueba de ese respeto institucional», señaló, es que el artículo 83 no establece una autorización previa de la consellería a los concesionarios de forma independiente del órgano estatal –«normativa que sería inconstitucional»–, «sino que regula una intervención coordinada del Gobierno central para señalar las medidas que deben cumplirse en cuanto a la concesión, cumpliendo así la doctrina del Tribunal Constitucional».

La clave de la ley de pesca

La Xunta indica que la regulación gallega dispone que son los propios órganos hidrográficos competentes para conceder el aprovechamiento de un río los que deben trasladar a la administración autonómica las previsiones de vaciado de la concesionaria para que, de esta forma, la Consellería de Medio Ambiente “pueda determinar y comunicar ante el ente de la cuenca las medidas imprescindibles para proteger la vida piscícola en el contexto de la correspondiente concesión hidráulica”.

«La normativa gallega concilia de esta forma el respeto a las competencias estatales con la protección de la riqueza piscícola de la comunidad, pero la Confederación, en un claro ejemplo de dejadez institucional, dejó de aplicar la citada regulación con objeto de impedir que se pudieran ejercer las atribuciones autonómicas de protección animal«, subrayó Ángeles Vázquez.

Por su parte, el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, en un acto de la vuelta ciclista este domingo, ha asegurado que la Xunta «actuará en consecuencia», dado que «debería haber habido un control mínimo», aunque se hayan dado «situaciones excepcionales este verano». «La actitud de la Confederación no es de recibo», criticó.

Medio Ambiente ha recordado además que ha ordenado inspecciones periódicas de sus agentes en esas zonas, «que a día de hoy se siguen realizando, para realizar un seguimiento sobre la flora y la fauna y verificar que se respecta el caudal ecológico establecido».

La investigación del Gobierno central

A este respecto, Vázquez ha calificado la actitud del Gobierno central de «abandono», puesto que el Ejecutivo «anunció una investigación y, por el momento, no hay noticia alguna al respecto ni nada materialmente ejecutado». También han lamentado no haber recibido «una explicación de la situación», como tampoco la han obtenido los ayuntamientos implicados.

«Se trata de una actitud a la que ya nos tiene acostumbrado el Gobierno central«, apuntó la conselleira de Medio Ambiente, que ha recordado que este año el Ministerio para la Transición Ecológica inició los trámites para declarar inconstitucional –algo que no llegó a fructificar–, la Ley 2/2021 de pesca continental de Galicia, por no «estar de acuerdo» con que Medio Ambiente ejerciese sus competencias autonómicas de protección de las poblaciones piscícolas en relación con las concesiones hidráulicas estatales.

«El Gobierno central discutía que en las cuencas de competencia estatal la comunidad pudiese emitir informes valorando las actuaciones en los ríos que pudiesen afectar al patrimonio natural de la competencia autonómica», explicó el departamento de la Xunta.