Conde-Pumpido, el fiscal todoterreno que cumple su gran aspiración, presidir el Constitucional 

Cándido Conde-Pumpido, el magistrado del ala progresista que ahora preside el Tribunal Constitucional, fue fiscal general del Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se opuso durante su etapa en el Tribunal Supremo a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el ‘caso GAL’ y se mostró, ya como magistrado del Constitucional, en contra de considerar inconstitucionales varios apartados del estado de alarma que dictó el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la pandemia del coronavirus. 

Este miércoles, Conde-Pumpido ha resultado elegido presidente del órgano de garantías en el primer pleno celebrado tras la renovación parcial del tribunal, que tuvo lugar el pasado lunes cuando los cuatro nuevos magistrados del Constitucional tomaron posesión de sus cargos y alteraron, con su llegada, el sistema de mayorías de la corte para dar ventaja al bloque progresista sobre el conservador. 

Asume la presidencia tras seis años como magistrado en el Tribunal Constitucional, órgano al que llegó en 2017 tras ser designado por el Senado. Desde mediados de 2022, cuando el alto tribunal vio caducar el mandato de cuatro de sus magistrados, incluido su presidente, el nombre de Conde-Pumpido empezó a sonar como candidato a encabezar la corte de garantías, pero no ha sido hasta este miércoles que se ha hecho con el cargo. 

El fiscal general de Zapatero 

Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) pertenece a una larga familia de juristas. Su hermana, sin ir más lejos, es magistrada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Hijo de fiscal y nieto de magistrado, Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, a propuesta del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Es quien más tiempo ha ostentado este cargo. 

Conde-Pumpido inició su carrera profesional en 1974 como juez de Primera Instancia e Instrucción en la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, siguiendo como juez en O Carballiño en 1976. Es hijo del fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que fue teniente fiscal del Supremo, y nieto del magistrado Cándido Conde Pumpido, en su día presidente de las audiencias territoriales (antecedentes de los actuales tribunales superiores de justicia) de A Coruña, Valladolid y Valencia. 

Renovación en la fiscalía 

En esos siete años que estuvo al frente del Fiscalía General del Estado con Rodríguez Zapatero se llevó a cabo la instrucción de numerosas causas de corrupción: la relativa al ‘caso Malaya’, en la localidad malagueña de Marbella; la del ‘caso Palma Arena’, que comenzó a investigarse en 2008; y la de la trama ‘Gürtel’, relacionada principalmente con el PP de Madrid y Valencia. 

En sus primeros años como fiscal general, la Fiscalía triplicó la presencia de fiscales en la Audiencia Nacional especializados en terrorismo islamista, tras los atentados del 11-M. De su mandato se recuerdan, entre otras, la ya famosa frase que pronunció durante una tregua de ETA y la negociación del Gobierno con la organización terrorista de que había que “mancharse las togas con el polvo del camino”. 

También causaron polémica unas declaraciones suyas, en abril de 2009, cuando denunció que la Fiscalía se tenía que apoyar únicamente en la Guardia Civil en relación a las listas que periódicamente pretendía presentar a las urnas el entorno de ETA, ya que la Policía, según dijo, sólo respondía a las peticiones del juez instructor, en clara referencia al exmagistrado Baltasar Garzón. 

La llegada al Supremo 

Conde-Pumpido también fue magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde destacó por su oposición a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el ‘caso GAL’. Fue ponente de sentencias como la del ‘caso Roldán’ en 1999, en la que se elevaba la condena al exdirector general de la Guardia Civil de 28 a 31 años.  

Y llevó a cabo la instrucción de la causa contra la fallecida exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la ‘Operación Taula’ derivada del ‘caso Imelsa’. 

En la lista de casos en los que ha participado consta también el relativo a la privatización de la empresa textil Intelhorce y el caso del expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu, por el cobro de comisiones ilegales de constructoras.  

Condenas desde el Supremo 

Además, Conde-Pumpido formó parte del tribunal que condenó, entre otros, al exministro del Interior José Barrionuevo, por el ‘caso Marey’. También integró la sala que ratificó la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a Alfonso Fernández Ortega, ‘Alfon’, al considerar que el explosivo que portaba durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 “estaba destinado a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión”. 

En Jueces para la Democracia 

El ahora presidente del Constitucional fue, a su vez, ponente de la inadmisión de la querella presentada contra el expresidente de Extremadura José Antonio Monago, por los 32 viajes que realizó a Canarias entre 2009 y 2011. En este caso, el Tribunal Supremo aconsejó la conveniencia de establecer una regulación “suficientemente precisa” de los viajes realizados por los parlamentarios para evitar “cualquier duda” del correcto empleo de los fondos públicos. 

A lo largo de su carrera también fue portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Estuvo destinado en la Audiencia Provincial de San Sebastián y posteriormente fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. 

Seis años en el Constitucional 

En sus seis años en el Constitucional, Conde-Pumpido ha sido ponente de varias sentencias. La relativa a la causa del asalto al Parlament de Cataluña en junio de 2011 fue rechazada. En 2019, el magistrado abogó por la absolución de los condenados al considerar que se vulneraron sus derechos. Finalmente, el pleno dejó la ponencia en manos del magistrado Antonio Narváez, que era favorable a las condenas dictadas por el Supremo. 

También ha redactado varios votos particulares para dejar constancia de su discrepancia con algunas decisiones adoptadas por la mayoría del pleno, hasta ahora conservador. 

En el verano de 2021 mostró su oposición a la sentencia que declaró inconstitucionales determinados aspectos del primer decreto de estado de alarma por la pandemia de Covid-19. En el marco de aquel debate, se vio involucrado en una polémica por la que pidió disculpas públicamente a sus compañeros del tribunal por algunas expresiones vertidas en un borrador de su voto discrepante. 

“Juristas de salón” 

Dichas expresiones, en las que se refería a sus compañeros como autores de una sentencia “más propia de un lego que del máximo intérprete de la Constitución” e incluso como “juristas de salón”, fueron eliminadas del voto que sumó y notificó junto a la sentencia que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Al margen, Conde-Pumpido también se mostró en contra de la decisión del pleno de paralizar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas impulsadas por el PSOE y Unidas Podemos por las que se buscaba modificar el sistema de elección de los candidatos al tribunal que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

El pasado diciembre, el magistrado aseguró, junto a otros magistrados progresistas, que la decisión fue “insólita en la historia del Tribunal Constitucional” porque constituyó “una interferencia sin precedentes en la función legislativa”. Lamentó que la deliberación y resolución de este asunto generara una división en dos bloques de los miembros del Constitucional que trasladó a la opinión pública “una imagen de mimetismo o seguidismo del (…) del conflicto político partidista”. 

En contra de la prisión permanente 

Además, Conde-Pumpido se mostró en contra de la prisión permanente revisable al considerar que es una medida que atenta contra el principio de la dignidad humana. 

Se opuso también a la sentencia del Constitucional sobre el impuesto de plusvalías porque, a su juicio, “provoca un vacío normativo innecesario y desequilibrado que beneficiará a quienes, aún habiendo obtenido importantes plusvalías, no se verán obligados a pagar el impuesto”. Para el magistrado, se debería de haber dado un plazo al legislador para que pusiera en marcha un sistema alternativo al actual.