Competencia carga contra la medida estrella de Tejerina para el sector lácteo
Competencia destapa en un informe las carencias del nuevo decreto, que socava la libre autonomía de las partes a la hora de fijar el precio de la leche
Los ganaderos gallegos llevan años exigiendo que les paguen un precio digno por su leche, que a día de hoy sigue siendo de las más baratas de Europa. El último ‘paquete lácteo’ impulsado por la exministra Isabel García Tejerina trató de ponerle solución a esta cuestión fijando, entre otras medidas, la obligatoriedad de contratos entre la industria y los ganaderos.
Bruselas también movió ficha, pero ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone en cuestión el borrador del decreto que establece las condiciones de contratación en el sector, ya que entiende que en la transposición de la normativa europea (Reglamento Ómnibus) se añadieron algunos aspectos que “producen riesgos para la competencia y podrían ser innecesarios y desproporcionados”.
Riesgo anticompetitivo
En el informe, elaborado a petición del propio ministerio, el regulador advierte del riesgo que puede entrañar el suministro de información comercialmente sensible sobre precios o volúmenes de producción de cara a una posible concentración entre operadores. También observa un “intervencionismo excesivo” en cuanto a los parámetros a ponderar en el precio final y una falta de justificación en la mayor parte de los mismos.
Además, para evitar un posible alineamiento de precios, la CNMC recomienda extremar la precaución ante algunas funciones de la Interprofesional Láctea (Inlac) “que presentan un potencial riesgo anticompetitivo”, como la fijación de cláusulas normalizadas de reparto de valor, los modelos de contratos compatibles o la publicación de datos estadísticos en cuanto a precios, volúmenes de producción y duración de los contratos.
Otro aspecto sobre el que opina el regulador es el papel de las organizaciones de productores. Sobre esta cuestión aboga por revisar el periodo mínimo de permanencia, que el proyecto fija en dos años y Bruselas en uno, así como eliminar la penalización cuando se den de baja, que les obliga a esperar un año antes de sumarse a otra organización.
Primeros productores
Sin embargo, uno de los puntos que más ampollas ha levantado es el de la exigencia de una fianza de 150.000 euros a los primeros compradores, que Competencia entiende que debería replantearse
Desde Unións Agrarias creen que la supresión de las garantías a los primeros compradores sería una medida aún peor que los “insuficientes” 150.000 euros que contempla el borrador del decreto. En este sentido, desde el sindicato denuncian “el continuo ataque a los derechos de los productores” por parte de la CNMC, cuya “connivencia” con las industrias lácteas y la distribución “exigen ya una investigación” por parte del Ministerio de Economía.
