Cinismo de los bancos: dicen a Carmena que tire del fondo de viviendas y no hay

Una primera toma de contacto de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con los principales banqueros del país, para canalizar una solución al tema de las familias que se quedan en la calle por culpa de los desahucios, ha servido para que la nueva responsable municipal conozca lo que hay.

Que si el Ayuntamiento necesita contar con viviendas para atender puntuales necesidades de alojamiento motivadas por el lanzamiento judicial de los hogares, no hace falta articular ningún mecanismo nuevo.

Puede echar mano del Fondo Social de Viviendas (FSV), que dispone de unas 4.000 de las casi 6.000 viviendas que, hace dos años y medio, cedieron 33 entidades financieras. En principio, el fondo está vigente hasta el 17 de enero de 2016.

Soraya, melodramática y lacrimógena

Entonces, una melodramática y lacrimógena vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentaba la firma del convenio pensando en la necesidad imperiosa de que una familia en apuros con un menor de tres años –una de las condiciones para acceder al fondo– «sienta la protección y la cobertura de unos poderes públicos, de un Estado y de  un Gobierno que quieren que sepan afrontar esta dificultad y que la superemos todos juntos». Y concluía la vicepresidenta diciendo que «sólo me comprometo a una cosa, quiero saber, mes a mes, si esas llaves son la puerta de la esperanza».

Pues bien, treinta meses después, el balance dice que esa esperanza se ha abierto para muy pocas familias, como deja entrever los apenas 2.000 contratos firmados, a una media de unos 65 alquileres al mes.

Restricciones

Aunque los bancos vienen insinuando que el escaso recorrido de la medida se debe a que, a pesar del creciente número de ejecuciones hipotecarias con lanzamiento, las familias no parecen tener interés, lo cierto es que las razones de este supuesto desinterés hay que buscarlas en las restrictivas condiciones impuestas por las entidades financieras para acceder al alquiler social.

Incluso, en muchos casos, esos 400 euros de renta máxima –un 30% de los ingresos familiares– resultan excesivos para familias cuyos recursos económicos –dependientes de la renta de inserción, o ni siquiera– no llegan ni para pagar esos alquileres de entre 150 y 400 euros al mes.

Desahucios posteriores al 1 de enero de 2008

Se pueden beneficiar del fondo los desalojados de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008, y que tengan ingresos mensuales de la unidad familiar no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.600 euros).

Además de que ningún miembro de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad, deben acreditar alguno de estos requisitos, ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, ser víctimas de violencia de género o ser personas mayores, prejubilados o jubilados que hayan avalado con su vivienda a sus hijos o nietos.

Pisos, lejos de donde viven los desahuciados

Otra de las razones de peso por las que estas viviendas no han encontrado la demanda esperada se relaciona con la ubicación. En muchos casos, se encuentran lejos de los grandes núcleos urbanos donde se concita el mayor número de ejecuciones hipotecarias.

Un repaso a las viviendas aportadas por las entidades financieras sirve para comprobar cómo son apenas un centenar las localizadas en Madrid capital –en su mayoría por Bankia y BBVA–, y bancos, como Popular, no cedieron ni una, con lo que lo de comentar a la alcaldesa que eche mano de las viviendas del fondo peca de un cinismo evidente.

De las 5.891 viviendas aportadas por las 33 entidades financieras, Bankia cedió 1.000 (54 en la capital), BBVA llegó a 900 (25 en Madrid ciudad), Caixabank a 1.085 (las suyas más las de Banco Valencia y Barclays), Santander alcanzó las 590 con las 149 de Banesto (solo 3 en la capital) y Sabadell limitó la aportación a 250 pisos. En el caso de la entidad presidida por José Oliu fueron 16 las aportadas en Madrid capital, 11 ya están alquiladas, 3 se están tramitando y solo quedarían 2 disponibles. En total, unas 150 viviendas cedidas en la ciudad de Madrid

Oficina de Mediación Hipotecaria

Tras las primeras reuniones mantenidas entre la alcaldesa y su primera teniente de alcalde y concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y los presidentes de Bankia, Santander y BBVA, las viviendas del Fondo Social quedarían para el Ayuntamiento como una opción secundaria. Antes, pretenden vertebrar la solución de los problemas a través de una Oficina de Mediación Hipotecaria.

Higueras ya puso en marcha una medida similar durante su periplo como directora de Justicia en el Gobierno vasco presidido por el socialista Patxi López, y los resultados resultaron satisfactorios, logrando paralizar más de la mitad de los desahucios. En Madrid se busca obtener el mismo resultado.

Medidas diversas

A través de esas oficinas, coordinadas por técnicos municipales y de los propios bancos, las medidas serían de lo más diversas una vez conocida la situación económica de las familias afectadas.

Básicamente, se trata de ver cuánto pueden llegar a pagar los hipotecados, y hasta dónde estarían dispuestas las entidades financieras a reducir, de manera temporal, el importe de los vencimientos. En algunos casos, la solución podría llegar a cerrarse con una aportación parcial del propio Ayuntamiento.

Si esta primera solución no surte el efecto deseado, sería cuándo podría activarse la vía del Fondo Social de Viviendas. La alternativa que, dada la limitación de viviendas disponibles en Madrid capital, tendría un recorrido muy corto.