Cifuentes apechuga con un proyecto ilegal de Aguirre y González

La construcción de un campo de golf en el centro de Madrid, en el barrio de Chamberí, en el que hace una década se empeñaron tanto la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como su vicepresidente Ignacio González, ha sido durante todo este tiempo centro de la polémica, al haberse mantenido en servicio sin la licencia preceptiva de funcionamiento.

Ahora, tras una década de litigios, el Tribunal Supremo reiteraba que, en este asunto, se habían socavado los intereses generales por el interés particular, dejando sin cobertura la última maniobra de la Comunidad de Madrid de intentar aprobar un plan para legalizar las instalaciones.

Sentencias saltadas a la torera

Hasta ahora, los responsables del Gobierno regional se habían saltado a la torera las numerosas sentencias contrarias al campo de golf que, además, ordenaban reponer la parcela, propiedad del Canal de Isabel II, al estado físico anterior a la ejecución de las instalaciones deportivas, tanto  el campo como los espacios cerrados con gimnasios.

Pero el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes ha dicho basta. Y acaba de reconocer que, recurra o no la sentencia del Tribunal Supremo mientras deslinda los extremos de su ejecución, en 2018 no se renovará la concesión a la sociedad Proingest Management Asociados.

Gallardón se enfrentó a Aguirre

Todo este embrollo tiene su origen en una decisión del Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre –gran aficionada a la práctica del golf– que, en 2006, sin permiso del Ayuntamiento presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, modificaba una licencia municipal de 2003, que no incluía el campo de golf, para ampliar el proyecto inicial a un campo de prácticas de golf de nueve hoyos y nuevos pabellones para vestuarios, almacén y cafetería.

El propio Gallardón reconvino a Aguirre para que solicitara una nueva licencia, pero la expresidenta hizo caso omiso, y lo que se le ocurrió fue elevar el proyecto a interés general, pero, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el propio Supremo, entendieron que no había elementos suficientes para respaldar esta condición.

En 2013, ya con Ignacio González como presidente, la alternativa buscada para superar el enquistado conflicto fue la aprobación de un nuevo plan especial sobre el ámbito, el que acaba de echar atrás el Alto Tribunal.

Familiares de González en la adjudicataria inicial

Además del tema de la licencia, desde el principio también fue objeto de polémica el contrato de la concesión, por la relación de las empresas adjudicatarias con familiares del propio González, quien, como presidente del Canal de Isabel II, otorgó el contrato.

Fue otorgado, en diciembre de 2006, a la empresa Tecnoconcret –constituida seis semanas antes de que se convocara el concurso–, dentro de un consorcio con otras dos sociedades, Iridium, del grupo ACS presidido por Florentino Pérez, y Soto Once.

Posteriormente, las tres sociedades crearon una nueva empresa, Green Canal Golf, para gestionar la adjudicación.

La empresa de Florentino cedió la concesión 
 
Un año después, la empresa controlada por Florentino se queda con todas las acciones de esta nueva sociedad, comprando su parte a los otros dos socios.

Para terminar la jugada, en noviembre de 2008, tanto el hermano como el cuñado de Ignacio González entran en el accionariado de Tecnoconcret –cada uno con el 31,6% – a través de una ampliación de capital.

En mayo de 2013, al procederse a la renovación de la gestión, el campo del golf pasó de Iridium a Proingest, al adjudicarse la concesión, hasta finales de 2018, por algo más de 4 millones de euros