¿Intervención de Catalunya? Todavía no, pero la administración catalana se ha visto forzada a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico del Gobierno central, dotado con 18.000 millones. El presidente Artur Mas, no ha tenido otra opción. La intervención de Catalunya podría llegar, sí, pero por ahora se trata de una obtención de liquidez porque no hay otras fuentes de financiación, tal y como ha admitido el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, en una entrevista en la BBC, al asegurar que Catalunya “no dispone de otro banco que el gobierno español”.
¿Se entenderá como un rescate? Quizá sí, pero los términos utilizados son ahora clave para poder superar la situación.
Lo que le ocurra a Catalunya será determinante para España, porque sigue siendo su principal locomotora económica y la única que sigue apostando por las exportaciones, el sector que puede paliar la catástrofe.
El Govern aún no ha concretado la cantidad de dinero que necesitará, como ha admitido su portavoz Francesc Homs, pero hasta acabar el año debe obtener unos 5.700 millones de euros para devolver, entre otras partidas, los intereses de los bonos particulares, conocidos como bonos patrióticos, que vencen en octubre.
Lo que ha pedido la Generalitat es obtener la liquidez que no obtiene en los mercados, totalmente cerrados para las comunidades autónomas. El propio conseller Mas-Colell, reclamó en agosto del 2011 una fórmula de emisión conjunta entre el gobierno central y las autonomías que pasó a conocerse como hispabonos.
El Gobierno español no reaccionó
El Gobierno central se lo pensó mucho, tanto que no ha podido concretar nada y tampoco está en disposición de emitir deuda para el propio Reino de España, por los altos intereses que le pide el mercado. La solución ha sido ese fondo de liquidez al que se podrán acoger las autonomías.
Para llegar hasta aquí hay que retroceder un poco. Abril de 2010. El anterior conseller de Economía, Antoni Castells, viaja a Japón. Durante el primer trimestre de aquel año sus colaboradores colocan deuda de la Generalitat con cierta facilidad, en Londres, Fráncfurt y París. En Japón las cosas van bien. Pero a su llegada a Barcelona, Castells comprueba que la colocación en el mercado japonés no se concreta. El rescate a Grecia rompe todas las previsiones. Desde entonces, los mercados no quieren deuda autonómica. Se colocan partidas menores. España comienza en ese momento a tener un problema muy serio. La fórmula de hispabonos también la plantea Castells a la ministra de Economía, Elena Salgado, con resultados ‘perfectamente descriptibles’ una expresión que suele utilizar el propio Castells.
Esa no reacción del Gobierno central conduce al actual momento, después de reiteradas peticiones sobre los hispabonos de Mas-Colell, forzado, como Castells, a emitir bonos particulares.
Intervención en el Senado
La intervención de las comunidades, en todo caso, se rige por un proceso reglado. El Ministerio de Hacienda realiza informes de seguimiento para comprobar el cumplimiento de las medidas que garanticen el déficit fijado para el 2012, del 1,5%. Si hay desviaciones, los gobiernos autonómicos deben presentar nuevos informes, y si se incumplen de nuevo, se establecen medidas coercitivas como la no disponibilidad de créditos; depósitos remunerados (el 0,2% del PIB), y aplicación de medidas correctoras.
Todo el proceso puede acabar en multas y sanciones. Finalmente una comisión de expertos impondrá la adopción de determinadas medidas. Y, basándose en el artículo 155 de la Constitución, se requerirá directamente al presidente autonómico de turno que adopte medidas precisas.
El último paso es llevar el caso de una comunidad autónoma al Senado, donde se precisará de una mayoría absoluta.
En ese extremo, se vaciará a la comunidad autónoma de determinadas atribuciones políticas y competencias: la autonomía estará, en ese momento, intervenida.
