Cataluña le pide a Montoro casi 10.000 millones por el FLA en 2015

El Govern de Artur Mas juega ahora con la posibilidad de poner en pie una Hacienda propia, a partir de la inyección de más recursos a la Agencia Tributaria de Cataluña, pero para 2015 ha solicitado al Gobierno español un préstamo de 9.460 millones de euros, lo que supone un 20% más que en 2014.

La Generalitat se acoge, de nuevo, al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), después de que, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de la última semana de diciembre, se aprobara la decisión del Gobierno de no cobrar intereses. Es el Estado el que asume como deuda propia los vencimientos de la deuda autonómica, ante la imposibilidad de las comunidades de financiarse en los mercados internacionales.

La Comunidad de Madrid ha renunciado a ello, al entender que es injusto que ahora «se premie» a las autonomías que no han cumplido con los objetivos de déficit con esos préstamos sin intereses.

Recursos para el vencimiento de los préstamos de la banca

El hecho es que la Generalitat de Cataluña no tiene otra opción. En reiteradas ocasiones el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, ha asegurado que el único banco a disposición de la administración autonómica es el Banco de España. Y ha pedido, por tanto, 9,460 millones de euros para 2015.

De ese total, 1.440 millones se destinarán para atender el objetivo de déficit para el presente año, que no debe superar el 0,7% del PIB. Los otros 4.059 millones de euros se destinarán a los vencimientos de los valores emitidos y de los préstamos de la banca internacional.

En la misma cantidad, se incluye 624 millones de euros del retorno de préstamos que están asociados a mecanismos de liquidez activados por el Ministerio de Hacienda desde 2010. Y también 2.322 millones de vencimientos de préstamos que se habían contratado con entidades financieras españolas. De hecho, eso es una novedad con el FLA de 2015, al asumir esa parte de los propios bancos españoles.

Un impacto de 525 millones de ahorro para la Generalitat

La Generalitat se acoge también al llamado FLA Social, un nuevo fondo que se creó para financiar deudas de las comunidades con los entes locales vinculados a convenios de gasto social anteriores a 2015. El Govern pide, por este concepto, un cantidad «no superior a 308 millones».

Esos tipos de interés al cero por ciento, que ha irritado a la Comunidad de Madrid, repercutirán de forma directa en el presupuesto de la Generalitat. El propio Govern estima que la rebaja de intereses tendrá un impacto de 525 millones anuales «en términos de reducción de déficit». Pero se advierte de que el ahorro real en 2015 «en términos de caja sólo será de 300 millones».

Y eso «obliga», según el Ejecutivo catalán, «a mantener abierta la negociación con el Estado para reclamar deudas históricas y otros ingresos justificados».

¿Quién ha hecho negocio con los intereses?

El caso es que la Generalitat se ha quejado durante meses de que el Gobierno central acababa haciendo «negocio» con las autonomías, al prestar unos recursos con intereses que conseguía en unas condiciones mucho mejores en los mercados.

El Govern asegura que, desde que se puso en marcha el FLA, en 2012, la Generalitat ha recibido, como préstamos, un total de 25.491 millones de euros. Y que, en diciembre de 2014, había pagado al Gobierno central un total de 946 millones de euros en intereses correspondientes al FLA de 2012 y 2013.

El argumento del déficit fiscal y la libertad perdida

A esa cifra hay que añadir un total de 1.501 millones en intereses por el resto de mecanismos de liquidez, como el pago a proveedores, o los «mecanismos transitorios de provisión de liquidez activados en 2012».

La paradoja es que la Generalitat depende por completo del Ministerio de Hacienda, y de su titular, Cristóbal Montoro, para poder financiarse.

El argumento del gobierno catalán es que todo lo que se recibe «se ha pagado antes», como recuerda Mas-Colell, al incidir en el déficit fiscal. Pero el Govern de Artur Mas está atado de pies y manos, pese a su intento de montar ahora una Hacienda propia, tras los acuerdos entre CiU y ERC.