Caso Dina | Los fiscales apuestan por no imputar a Iglesias
El argumento principal es que Dina no denunció a Iglesias tras conocer que el líder de Podemos guardaba en su poder la tarjeta de su móvil
Los fiscales de sala del Tribunal Supremo se han puesto esta semana manos a la obra para dirimir si apoyan la imputación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por una presunta comisión de delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos y delitos de daños informáticos contra su exasesora, Dina Bousselham, o, si por el contrario, se inclinan por solicitar el archivo de una de las piezas del ‘caso Tándem’. Esta última es la opción con más enteros.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó al Tribunal Supremo que investigase al líder de Podemos la primera semana de octubre. El magistrado consideró que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso judicial para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
Dina no denunció a Iglesias
Los ocho fiscales del Supremo que estudian el ‘caso Dina’, bajo la dirección del teniente fiscal, Luis Navajas, se reunieron este jueves para analizar la exposición razonada del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, García Castellón, y, según fuentes conocedoras de estas deliberaciones, predomina el criterio de no solicitar al Supremo el suplicatorio de Iglesias.
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El argumento principal que dan estos fiscales para su archivo es que Dina Bousselham no denunció a Iglesias tras conocer que guardaba en su poder la tarjeta del teléfono móvil con supuestas fotos íntimas de la exasesora, entre otros documentos de valor. “Dina no lo denunció, por lo tanto, puede no sentirse perjudicada”, explican fuentes conocedoras del encuentro.
Que hable Dina
Otros fiscales, los menos en estos momentos, sí que apuestan por pedir la imputación del vicepresidente del Gobierno para que sea la propia Bousselham quien explique si se siente víctima de una revelación de secretos y si desea emprender acción de algún tipo.
Los magistrados deben alcanzar un acuerdo antes de reunirse con la fiscal de Sala de mayor antigüedad, Pilar Fernández Valcárcel, a quien el teniente fiscal Navajas ha delegado que suscriba el informe para establecer un criterio respecto a la petición del juez García Castellón.
Delgado no da su opinión
El encargo de realizar este informe partió de la fiscal general del Estado y exministra del PSOE, Dolores Delgado, quien, tal y como publicó Economía Digital, se ha inmiscuido en este asunto.
Delgado derivó su dirección al teniente fiscal Navajas, quien fue enormemente criticado por no permitir dar voz a los fiscales de Sala cuando tocó dirimir sobre las denuncias presentadas por el Gobierno a raíz de la gestión de la pandemia del coronavirus. Navajas solicitó su archivo sin consultar.
Esta vez y según las fuentes conocedoras, Navajas ha delegado este trabajo en Fernández Valcárcel para evitar cualquier crítica al respecto.
Según las fuentes consultadas, la Sala volverá a reunirse la semana que viene para seguir exponiendo todos los puntos de vista jurídicos y tratar de llegar a un acuerdo.
Anticorrupción descarta llamar a Iglesias
La Fiscalía Anticorrupción envió hace 15 días una nota interna a sus homólogos del Tribunal Supremo manifestando su rechazo a abrir una investigación en este tribunal contra el líder de Podemos.
Su opinión, como la de los fiscales de Sala, no resulta determinante, pero tiene importancia ya que es el organismo que ha llevado el ‘caso Dina’ desde sus inicios.
En dicho escrito, la Fiscalía no considera que Iglesias hubiese cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género al haber tardado meses en devolverle a Bousselham la tarjeta SIM que le robaron en noviembre de 2015, ya que la afectada no presentó denuncia. Justo el mismo argumento que algunos fiscales de Sala defienden en estos momentos.
Para esclarecer el asunto, la Sala de lo Penal del TS ha designado ponente sobre la apertura o no de la causa al magistrado Andrés Palomo del Arco. Su propuesta tendrá que ser refrendada por una mayoría de la Sala, que está formada por su presidente, Manuel Marchena, y por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.
Cuatro de estos magistrados son conocidos por haber juzgado el proceso independentista de Cataluña. El destino del vicepresidente segundo está en sus manos, así como una más que posible fractura en el Gobierno de coalición si solicitan su imputación y el TS les da la razón.
