Carmena se carga la Sogama madrileña
Con el cierre de la planta de Valdemingómez, Madrid se olvida de la incineración por la que apuesta Sogama y se vuelca en la política de 'residuo cero'
Muchos han sido los intentos frustrados a la hora de poner en marcha una incineradora de residuos, pero nadie hasta ahora había conseguido cerrar una. Los primeros en dar este paso han sido los miembros de la corporación municipal de Madrid, liderados por Manuela Carmena, que este jueves han anunciado que a partir de 2025 la planta de Valdemingómez dejará de funcionar.
Con esta medida, el Ayuntamiento pretende dar un giro a su política de residuos y dejar de lado la incineración, el modelo que sigue Galicia con la planta de Sogama, para liderar una política de residuo cero, basada, entre otras medidas, en la separación en origen de la fracción orgánica.
La decisión de Carmena se ha producido después de que la plataforma ciudadana ‘Alianza Incineradora de Valdemingómez No’, integrada por vecinos, ecologistas y sindicatos, presentara en el registro municipal 25.000 firmas exigiendo que no se renovase el contrato a Urbaser, concesionaria de la planta, que vencía en 2020.
Las quemas a cero
Ahora, la intención del Ayuntamiento es coordinar el cese progresivo de la actividad. Así, en 2022 la planta dejará de incinerar la mitad de las 300.000 las toneladas de residuos urbanos que quema anualmente, e irá reduciendo paulatinamente esta cantidad hasta dejarla en cero –si nada se tuerce– en el año 2025, cuando se cumplan 30 años de su entrada en funcionamiento.
En un comunicado, la plataforma contraria a la continuidad de esta instalación aplaude la valentía del gobierno de Carmena de tomar esta decisión «que ayudará a mejorar la calidad de vida de las personas madrileñas y de las de los municipios cercanos a la incineradora, que ya se habían posicionado a favor de su cierre».
En este sentido, recuerdan que en el proceso de quema se emiten decenas de sustancias nocivas y peligrosas, como las dioxinas y los furanos, al tiempo que destacan que su continuidad hubiese supuesto la perpetuación de «un modelo de gestión caro, contaminante y muy peligroso para la salud de un millón de personas que viven en los alrededores de esta instalación» que sí seguirán padeciendo los gallegos.
