Carmena debe revocar o ratificar una adjudicación a una contrata de Defensa

Con el presupuesto del presente ejercicio a medio ejecutar, la idea de la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pasa por trasvasar partidas presupuestarias, con el objetivo de obtener recursos económicos con los que atender actuaciones que considera prioritarias, dejando de lado otras que no lo son.

El asunto llevará su tiempo, el necesario para tramitar los expedientes de modificación presupuestaria. Tiempo del que casi no dispone la nueva corporación capitalina para determinar qué hace con los contratos que se encuentran en fase de licitación o que acaban de ser adjudicados, pero todavía no han sido formalizados.

Último gran contrato, a Ferrovial

El último gran contrato adjudicado por la anterior corporación, presidida por Ana Botella, se  produjo el pasado 1 de junio, cuando Cespa –filial de Ferrovial– se quedó con la gestión de  la planta de biometanización de residuos de Valdemingómez para los próximos 11 años por valor de 14,1 millones de euros. En este caso, ya no hay marcha atrás.

Otra cosa son los expedientes en curso. Con ellos, el nuevo Ayuntamiento puede hacer dos cosas. Dar por buena la adjudicación ya realizada y proceder a su formalización o, por el contrario, revocar la decisión administrativa.

Adjudicación posterior a la ejecución

En algunos casos, la revocación parece complicada, ya que la adjudicación se ha producido después de que el ganador del contrato estuviera ya ejecutando el mismo. Es el caso de la sociedad A SI KEM, que ganó el contrato para organizar las fiestas en el distrito de Usera el pasado viernes 12 de junio, por 68.820 euros, cuando lo lleva ejecutando desde el pasado 1 de junio.

Otra cosa será lo que decida el Ayuntamiento con un campamento de verano adjudicado a la empresa Kidsco por 43.651 euros. En este caso, la empresa, que se impuso a otros 26 licitadores, resultó adjudicataria el pasado 11 de junio, pero el contrato no se ha formalizado. El campamento, destinado a menores del distrito de Retiro, está previsto que se desarrolle entre el 22 de junio y el 31 de julio.

Kidsco, contrata de Defensa

Kidsco Balance, una empresa de 15 años de antigüedad, dio el año pasado el gran salto, cuando el Ministerio de Defensa le adjudicó la gestión de los 25 centros de educación infantil con los que cuenta el departamento dirigido por Pedro Morenés.

La sociedad está administrada de manera solidaria por María Leal –hija de un teniente coronel–, Sandra Butragueño y Jaime Pardo Manuel de Villena. Su activo pasó de 760.000 euros en 2012 a 3,8 millones de euros en 2013.

La empresa se ha visto envuelta en varios litigios al no mantener los derechos laborales que mantenían las plantillas de las antiguas contratas. En los pliegos, Defensa optó por no recoger la cláusula que obliga a la nueva empresa a subrogar a los trabajadores en relación a su antigüedad y derechos adquiridos. De esta forma, Kidsco podría obligar a los trabajadores a renunciar a un convenio sectorial con mejores condiciones salariales que las que ofrece esta empresa.

Dinámica administrativa imparable

En su primer día de trabajo, el equipo de Carmena también ha podido comprobar cómo la dinámica administrativa no se para. De manera automática, el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid recogía el inicio –el lunes 15 de junio– de la presentación de ofertas –hasta el próximo 22 de junio– para prestar el servicio de ayuda a domicilio para atender a personas dependientes en varios distritos de la capital entre agosto y diciembre.

Es de prever que, en este caso, y a la vista de esa idea expresada por Carmena y su equipo de ayudas a los más necesitados, el contrato siga su curso y acaba licitándose, a pesar de los casi 10,5 millones de euros en que está presupuestado. El Ayuntamiento abonaría al adjudicatario 7,74 millones de euros en dos anualidades (6,19 millones en 2015 y 1,55 millones en 206) y el resto saldría de la aportación de los usuarios.

En fase de presentación de ofertas también se encuentra la concesión de la gestión de una escuela infantil para los dos próximos en cursos, por casi 320.000 euros, a la que también podría optar la empresa Kidsco, y otra veintena de contratos, por un valor de 463 millones de euros, entre los que destaca la gestión del mobiliario urbano hasta el año 2030.