Cambio histórico o frustración: los catalanes juzgan a sus dirigentes

Unas elecciones son la mejor fórmula que tienen los ciudadanos para avalar o censurar a sus dirigentes políticos. Es cierto que para ello lo fundamental es poder votar con la máxima información, con libertad y con la garantía de que todo está sujeto a lo que Popper denominaba como el principio de la falsabilidad.
 
Nada es veraz, Sólo es temporalmente válido si no se ha podio refutar. Es decir, si las cosas no funcionan, siempre habrá la posibilidad de arreglarlas. Nada es inmutable.

Pero lo que los catalanes decidan este domingo –están llamados a las urnas un total de 5.413.769 millones de personas—puede ser determinante para toda una generación. Porque los candidatos, a instancias del presidente de la Generalitat y candidato de CiU, Artur Mas, han situado en el horizonte la propia naturaleza jurídica de Catalunya. ¿Es o no un sujeto jurídico capaz de constituirse como un nuevo estado?

Sin engaños

Es lo que se juega este domingo. Si se establece una mayoría nacionalista clara, y esta vez CiU juega en el lado de los independentistas –la dirección de la federación nacionalista no lo ha dudado, a pesar de que es consciente de que su electorado no comparte exactamente el mismo grado de fervor—Catalunya iniciará un camino incierto, pero los ciudadanos no podrán decir, esta vez, que se les ha engañado.

El rechazo de la UE

Los sectores más nacionalistas han podido escuchar a la Comisión Europa, que ha mostrado dudas, pero ha manifestado que Catalunya quedaría fuera de la Unión Europea, si se independiza de España, y que debería pedir el ingreso de nuevo, como estado propio.
 
La campaña, pese a estar marcada en la última semana por el informe policial difundido por El Mundo sobre presuntos casos de corrupción que afectaban a CiU y  por las supuestas cuentas suizas de las familias Mas y Pujol, se ha centrado en las consecuencias o ventajas de que Catalunya sea algún día un estado.

El movimiento independentista

Y ese es el problema o la solución que se dirime este domingo. Al margen de los resultados, de la gestión que pueda hacer CiU de su previsible victoria, el movimiento independentista ha cobrado un mayor peso y lo ha hecho para quedarse, para formar parte ya de la agenda política catalana y española. Es un movimiento activo, movilizado, moderno –es el dueño de las redes sociales e influye en los medios de comunicación internacionales—que mantendrá sus reivindicaciones, a pesar de cómo actúe CiU.

Pero, ¿qué esta en juego a partir de este domingo? Lo que los catalanes se juegan el 25N va más allá, quizá, de la posibilidad o no de iniciar un proceso que acabe en un referéndum de autodeterminación, como se ha comprometido a convocar Artur Mas.
 
Se trata de la propia conexión democrática entre los ciudadanos y sus representantes. Es decir, ¿se creen realmente los dirigentes políticos catalanes lo que defienden en público? ¿Se lo han creído en los últimos años?

La legitimidad del Estatut

Las elecciones de este domingo son consecuencia del hartazgo legítimo y comprensible de una parte sustancial de la sociedad catalana. Artur Mas adelantó los comicios –le quedaban dos años más de legislatura—porque consideró que no podía obviar la manifestación independentista de la Diada de l’onze de setembre, y porque, en realidad, no podía gestionar ya nada desde la Generalitat.
 
El ahogo económico le  ha hecho depender de la financiación que le ha facilitado el Gobierno central –que, a su vez, no entrega las partidas económicas comprometidas con el último sistema de financiación autonómica–. Todo ello, llevó a Mas, tras su entrevista frustrada con el presidente Mariano Rajoy, a reclamar “estructuras de estado” y a proponer un camino hacia la independencia.

Pero esa frustración parte de la sentencia del Estatut, de 2010, cuando el Tribunal Constitucional laminaba un Estatut votado por los catalanes en referéndum.

El problema que no reconoce la mayoría de los dirigentes políticos catalanes, como el propio Mas, es que aquel Estatut no acabó de interesar al grueso de la sociedad catalana, como lo prueba la votación en el referéndum, con una participación muy baja y decepcionante para todos. Sólo lo votó el 49,6%.

Batalla política

Y lo que tampoco se interiorizó de forma suficiente es que aquel Estatut surgió como un instrumento de batalla política, primero del tripartito contra CiU y un previsible gobierno central del PP –imposibilitado tras el 11M- y posteriormente un instrumento magnífico para CiU con el objeto de erosionar al tripartito y regresar al poder. (En uno de los momentos de mayor tensión en la negociación en el Parlament, el actual portavoz del Govern, Francesc Homs, introdujo unos supuestos derechos históricos de Catalunya, una iniciativa que contó con el apoyo de ERC, y que dejaba en una situación muy delicada al PSC, con quien gobernaba la Generalitat).

La responsabilidad, por tanto, de lo que ha ocurrido en los últimos años debe dividirse entre muchos actores, algunos han actuado desde Madrid, y muchos desde Barcelona.

El espectáculo de la política catalana

Y la cuestión es que los actores principales, la clase empresarial, las patronales, el mundo de los negocios y el financiero, que desea una cierta estabilidad para recuperar inversiones, espera que el poder político siga ‘actuando’, en el sentido de que reoriente ese fervor popular, alentado, pero real, a favor de la independencia.

Es decir, que CiU, si obtiene la mayoría absoluta, sepa modular, sepa dialogar con el gobierno central del PP y obtenga –en esto el consenso es grande—un nuevo modelo de financiación más justo con Catalunya, con la locomotora de España. Es decir, que siga el gran espectáculo de ficción de la política catalana. Es decir, que aumente la frustración entre una parte de la sociedad catalana, ingenua y engañada.

Parlament fragmentado

Porque las consecuencias colaterales y no menos importantes de lo que pase este domingo se comprobarán cuando se forme el nuevo Parlament. Si no hay sorpresas de última hora, la bancada derecha de la cámara catalana tendrá un color netamente azulado, los colores de CiU. Y en la izquierda todo quedará muy fragmentado. Será un Parlament con una fuerza mayoritaria y el PSC, el PP, ERC, e ICV agolpados entre los 15 y los 20 diputados, triturados, aunque el PP pudiera vender que ha llegado a ser la segunda fuerza política.

Otra cosa será que Artur Mas, un hombre que no es un político al uso –algo que puede tener más inconvenientes que ventajas—quede muy por debajo de la mayoría absoluta.

En ese caso, las responsabilidades se las pedirá la propia dirección de CiU, y Josep Antoni Duran Lleida el primero.