Caballero detecta otra ley ‘anti Vigo’ de Feijóo y amenaza con ir al Constitucional
El alcalde de Vigo pedirá al Gobierno que estudie la "inconstitucionalidad" de la ley de áreas empresariales que impulsa la Xunta con el objetivo frenar la fuga de empresas a Portugal
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, en una imagen de archivo. Europa Press
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado este martes de que llevará a los tribunales la ley de áreas empresariales, que impulsa la Xunta con el objetivo de que se apruebe en 2022 y frene la fuga de empresas a Portugal, y que el regidor considera negativa para la ciudad.
En una rueda de prensa, el regidor olívico ha avanzado que pedirá al Gobierno que estudie la «inconstitucionalidad» de la ley para evitar que la ciudad «siga siendo objeto de atropellos de la Xunta», que «quiere obligar a que se esté en sus programas» y ha reivindicado la legitimidad del Ayuntamiento para rechazar integrarse en los mismos de acuerdo con la «democracia» y la victoria del PSOE en las elecciones municipales.
«Ley anticonstitucional»
Caballero ha reprobado que, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulase tres convocatorias del programa, la Xunta «vaya a hacer una ley anticonstitucional» para «obligar» a formar parte de ese programa. «Hace una ley porque sabe que (los municipios) no tenemos capacidad de ir al Constitucional», ha denunciado.
Por ello, Abel Caballero ha asegurado que pedirá al Gobierno que «defienda» al Ayuntamiento de Vigo «estudiando la inconstitucionalidad de esa ley». Adicionalmente, ha afirmado que «no descarta» solicitar al Ejecutivo central que pida un informe sobre el anteproyecto de ley al Consejo de Estado.
El pasado mes de julio, el TSXG estimó un recurso del Ayuntamiento de Vigo contra la Xunta por las bases de unas ayudas a municipios para programas de empleo al considerar que no debía valorarse la participación en una iniciativa para potenciar la implantación de empresas.
Así es la ley de Feijóo
La ley de áreas empresariales que Caballero quiere llevar ante la Justicia pretende agilizar los trámites relativos a la adjudicación y creación de suelo industrial. Creará la figura de los Concellos Emprendedores, que a cambio de tener prioridad en los incentivos y ayudas, tendrán obligaciones como la de aplicar exenciones de impuestos a la actividad empresarial o dar una licencia en un máximo de 30 días o en 15 días cuando se trate de actividades estratégicas.
El objetivo de la ley es equiparar las condiciones a las del norte de Portugal para evitar la fuga de empresas. Aunque esta problemática nunca fue reconocida por la Xunta, sí que fue advertida por varias patronales sin que el Gobierno gallego se moviese de manera rotunda hasta la fecha.
