Bruselas expedienta a España por deficiencias en seguridad ferroviaria
La Comisión Europea inicia un procedimiento sancionador contra España al detectar deficiencias en la investigación de accidentes ferroviarios
Apenas dos días después de que el ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendiera a capa y espada el procedimiento seguido por el Ministerio de Fomento tras el accidente de Angrois, la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por incumplimientos en materia de seguridad ferroviaria. Bruselas ve «deficiencias» en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) «analiza e investiga los accidentes e incidentes”, además de detectar problemas en «las técnicas de supervisión» por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), indica la Comisión Europea sin dar más detalles de la infracción.
La apertura del expediente carga de razones a la asociación de víctimas del accidente de Santiago, que presentó dos demandas –una por incumplimiento de la normativa de seguridad y otra por publicidad engañosa– ante la comisión de peticiones de la Eurocámara a finales de 2015. La eurodiputada del BNG, Ana Mirada, quien colaboró con las víctimas del siniestro y facilitó la actuación de la asociación en Bruselas, también presentó en julio de 2017 una denuncia. De hecho, Bruselas ya abrió un anterior expediente a España por entender que la CIAF no funcionaba de manera independiente, tras lo cual el Ejecutivo español modificó la norma en que se nombra a sus responsables.
Bruselas da dos meses al Gobierno para responder
La apertura del nuevo expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento, primer paso en el procedimiento de infracción, que Bruselas ha remitido al Gobierno para que en el plazo de dos meses aclare la situación y ofrezca datos de las medidas correctivas que haya puesto en marcha.
Si los servicios comunitarios no dieran por buenas las explicaciones de España, podrían pasar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado que da otros dos meses al Estado miembro para corregir el problema, periodo tras el cual la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). Fue la Comisión Europea la que le pidió a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) que examinase la implementación en España de los elementos de la legislación ferroviaria de la Unión Europea.
Adif, Cetrén y la Agencia Estatal de Seguridad, bajo la lupa
Un equipo de la ERA estuvo en febrero del año pasado en España para recopilar información sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Adif y el organismo notificado (Notified Body) Cetren.
Entre otras cuestiones, estudiaron cómo Cetren realiza su cometido de verificar la interoperabilidad, conforme a normativa europea, de varias líneas, incluida la de Ourense-Santiago, donde en 2013 descarriló el Alvia en la curva de A Grandeira. Esta línea, pese a ser inaugurada en 2011, carecía del certificado europeo de interoperabilidad. El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) no lo encargó hasta septiembre de 2016 y actualmente todavía no dispone de él.
