Arranca (sin acuerdo) el juicio por el Pazo de Meirás
Abogacía del Estado y familia Franco descartan la posibilidad de llegar a un acuerdo en el inicio de la vista por la titularidad del Pazo de Meirás
La Abogacía del Estado y la representación legal de la familia del dictador Francisco Franco han descartado este viernes la posibilidad de llegar a un acuerdo en el inicio de la vista previa por el proceso judicial para la reincorporación al patrimonio público del Pazo de Meirás.
A preguntas de la jueza, ambas partes han coincidido en que no era «sencillo» llegar a acuerdo. Así lo ha expuesto el letrado del Estado y lo ha ratificado el de la familia Franco.
Vista previa en A Coruña
Ya antes del inicio de la vista, este viernes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, el letrado de los Franco, Luis Felipe Utrera, manifestaba sus dudas sobre la posibilidad “de un acuerdo”.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indica que la audiencia de esta mañana “tiene como objetivo intentar alcanzar un acuerdo o transacción entre las partes”, además de examinar “las cuestiones procesales” que puedan impedir el seguimiento del proceso y fijar “con precisión” el objeto del pleito.
Procedimiento
El Pazo de Meirás, en manos de los herederos de Francisco Franco, fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito –PSdeG y BNG– en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público.
En 2018, la Cámara gallega recibió el dictamen de este órgano y aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo.
Un año después, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco en los juzgados da Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás.
Documento de 1938
La Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil.
En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, a Franco fue «fraudulento«, porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular. En la causa también está personada la Xunta y el Ayuntamiento de Sada.
