Armadores gallegos critican el veto de la UE a la pesca de fondo en Gran Sol
El "70% de la flota" de los 88 pesqueros españoles en la zona podrían estar afectados por esta decisión que califican como "inoportuna"
El sector pesquero gallego protesta por el veto de Bruselas a la pesca de fondo
El sector pesquero gallego ha mostrado su desacuerdo contra la decisión de Bruselas de establecer un veto a las actividades pesqueras de fondo, como el arrastre y el palangre, en 94 zonas de Francia, España, Portugal e Irlanda. El presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha señalado que «sobre un 70% de la flota» de 88 pesqueros españoles en Gran Sol puede estar afectada por esta decisión «inoportuna».
En declaraciones a Europa Press, Touza ha señalado que la intención de la Comisión Europea de seguir adelante con la propuesta de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) para «implementar estas medidas hacia finales de año o principios del año que viene» supondría una «muy mala noticia» por el «fuerte impacto desde el punto de vista socioeconómico» para segmentos de flota en Gran Sol, «especialmente el palangre y de fondo que se va a haber muy dañado», «pero extensible a la flota de arrastre y litoral».
Si bien ha indicado que «hay que ver la letra pequeña» y que todavía «se ha solicitado opinión de Reino Unido», ha lamentado que «supone un paso adelante en la política medioambientalista» al «coste que sea».
También ha recriminado que la visión «medioambientalista» se fije «muy por encima» de la situación socioeconómica en zonas altamente dependientes de la pesca como Galicia. «Esta medida va a tener muchísimo impacto especialmente en la flota de A Mariña», ha avisado.
Falta de sensibilidad con el sector
Igualmente, Touza se ha quejado de «una falta absoluta de sensibilidad con el sector», a pesar de ser reconocido como básico durante la pandemia. En un momento de «profunda crisis» por la inflación, con especial incidencia en combustibles, se realiza «una medida por trámite de urgencia que la Comisión ha decidido poner en marcha».
«Solo solicitamos que las medidas que se adopten a nivel político sean previamente consensuadas con el sector», ha razonado. Y es que si en determinadas áreas hay que establecer zonas de protección, ha instado a «estudiarlo» y que haya «informes científicos que lo avalen». «Lo que no puede ser una vez más es que se nos imponga de la noche a la mañana sin haber tenido previo conocimiento una medida de este calibre», ha afirmado.
