Alquileres, acciones… Los otros ingresos de los diputados gallegos

Los 23 representantes gallegos en el Congreso complementan su sueldo del Congreso con sus trienios de funcionarios, venta de libros y de sus inversiones

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Galicia tiene 23 voces en el Congreso de los Diputados. Es el número de parlamentarios que representan a las cuatro provincias gallegas en la Cámara Baja. Todos ellos tienen asignado un salario base de 2.981,6 euros al mes al que luego se le suman pluses por portavocías, cargos en comisiones parlamentarias y complementos para el pago de taxis o parkings.

Pero al margen de estos ingresos, prácticamente todos los diputados gallegos obtienen otra fuente de ingresos. Al margen de los intereses de los depósitos bancarios, los parlamentarios de la comunidad gallega sacan partido de sus inversiones en empresas, de las viviendas que tienen alquiladas, de su asistencia a plenos en concellos y diputaciones, de la venta de libros y aquellos que fueron funcionarios públicos, de los trienios por antigüedad.

Libros y alquileres

La diputada que más partido extrae a sus otras actividades es Marta Rivera de la Cruz. La diputada de Ciudadanos por la provincia de A Coruña publicó 18 obras (entre novelas, cuentos infantiles o ensayos) antes de dar el salto a la política y pese a que la más reciente data del año 2016, no dejan de generar un flujo constante de ventas e ingresos. En concreto, solo el año pasado fueron 9.448 euros los que obtuvo por esta vía, según consta en la declaración de bienes que se dio a conocer durante la jornada de ayer.

Marta Rivera, que ejerció como diputada durante las dos pasadas legislaturas, logró añadir una tercera fuente de ingresos. Se trata de los 7.385 que recibió por el arrendamiento de viviendas.

Funcionarios con trienios

Una parte significativa de los diputados gallegos procede de la administración pública, en donde ejercieron su cargo durante décadas en algunos casos. Esta situación provoca que hasta tres diputados hayan percibido trienios por los años trabajados en su anterior trabajo. Es el caso, por ejemplo, de Ana Pastor. La expresidenta del Congreso de los Diputados (nacida en Zamora, pero pontevedresa de adopción), ingresó 736 euros en trienios procedentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Una situación similar a la de su compañera en el Partido Popular Ana Belén Vázquez Blanco, que percibió 2.794 euros, algo más de la mitad que la socialista Pilar Cancela (4.701 euros) o Guillermo Meijón (PSOE), que recibió 5.846 euros en trienios por su carrera como docente en la educación pública.

Entre la universidad y el concello

La Universidade de Vigo ha sido también una fuente de ingresos para dos diputados gallegos. Es el caso de Adolfo Pérez, que aterrizó en el Congreso con las elecciones del 28-A y que el año pasado percibió 2.918 euros de la Universidade de Vigo. Son diez veces menos que su compañera de partido, Ángeles Marra (exconsejera de Caixanova), que logró 34.422 de la universidad olívica. Una cantidad que complementó con los 12.107 que se embolsó por la asistencia a los plenos del Concello de Vigo, en el que tenía acta de edil.

El ayuntamiento de Vigo también engordó la nómina de Olga Alonso (PSOE), que declaró 34.443 euros por su trabajo como funcionaria pública y 16.523 por la asistencia a los plenos del Concello de Vigo, ocho veces más que Diego Gago (PP), que declara haber cobrado 2.351 como concejal en Vigo y 1.245 en manutención por su puesto como presidente de Nuevas Generaciones (puesto que abandonó el mes pasado).

La socialista Marina Ortega, por su parte, percibió 2.033 euros como edil en O Carballiño, una cifra que se eleva hasta los 34.309 euros en el caso de la concejala por As Pontes, Montserrat García o los 44.293 en el caso de la exconcejala socialista en Lugo, Ana Prieto, y que se reduce a algo casi testimonial en el caso del popular Jaime de Olano (360 por la asistencia a plenos en Viveiro) o la socialista Sonsoles López (765 de Paradela), aunque esta última sí logró una cantidad más elevada de la Diputación de Lugo (36.630 euros). En el ente provincial lucense comparte sitio con el exalalde de la ciudad de la muralla, Joaquín García, que suma a sus 5.739 euros de la diputación de Lugo, los 1.339 euros percibidos en dividendos de acciones en las que había invertido.

Despahos de abogados

Un último grupo lo conforman aquellos diputados con pasado o presente en el mundo de la abogacía. Pablo Arangüena, que recientemente dejó su cargo como presidente de Suelo Empresarial del Atlántico para presentarse a las elecciones generales, declara haber ganado 28.108 euros por su actividad como abogado.

Son casi cuatro veces más que Celso Delgado, que ha complementado su salario como diputado en siete legislaturas distintas con una retribución de su despacho de abogados (Delgado Arce Abogados), que el año pasado ascendió a 8.000 euros.

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