Mariano Rajoy: agotamiento, rebelión de los abuelos y deriva autoritaria

Demasiados síntomas de final de ciclo para el Partido Popular y para el gobierno de Mariano Rajoy. Hay una niebla densa en la política española que impide imaginar el futuro. Condensación de desaciertos de distinta índole y pocos indicios de capacidad política para afrontar los retos más urgentes.

En una misma semana, los responsables de ARCO han censurado una obra por su contenido político. Una juez ha ordenado secuestrar un libro que llevaba cuatro años en circulación. La policía ha estado a punto de detener a un humorista disfrazado de Carles Puigdemont y la Guardia Civil ha registrado el avión privado de Pep Guardiola, en búsqueda también del fugado Puigdemont. Y, por último, y sin suda más importante, manifestaciones de pensionistas, en cuarenta ciudades para protestar por sus pensiones.

Son asuntos sin conexión directa entre sí, pero desvelan el desconcierto del Gobierno, la pérdida de capacidad política y una deriva autoritaria que es mucho más peligrosa por el complicado momento político de España y, en especial, por la crisis política de Cataluña.

Las manifestaciones de jubilados es un vaticinio de lo que le espera al PP en las próximas elecciones. Si la radiografía electoral del partido estaba saturada de votantes de más edad, ahora las protestas de los pensionistas podrían indicar que el último baluarte popular se está desmoronando.

La interpretación que ha hecho Rajoy de la protesta es también significativa. Pide que no se haga política con las pensiones. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y acusa de frivolidad las reclamaciones, en vez de haber puesto la situación en positivo, asumiendo como propia la preocupación de los que viven de una pensión. Demostrando comprensión hacia unas protestas, cuanto menos razonables.

Proponer ahorrar para pensiones privadas como solución es casi un insulto

¿A quién puede sorprender que en una sociedad democrática y madura los pensionistas, que observan cada día el vaciado de las arcas de la seguridad social, salgan a la calle para exigir, como mínimo, que sus ingresos no pierdan poder adquisitivo?

Las manifestaciones se producen después de la recomendación del Gobierno de completar con planes privados las pensiones públicas. En un país con una desigualdad brutal en las escalas salariales, con un porcentaje increíble de empleos bajos y precarios, proponer ahorrar para pensiones privadas como solución es casi un insulto a un porcentaje enorme de trabajadores sin capacidad de ahorro.

Naturalmente, sería pedir peras al olmo de un gobierno agotado abrir un debate sereno y sosegado para abordar, no solo el futuro de las pensiones sino la cuantía de las mismas.

La retirada de una obra en ARCO, con el apoyo inicial del PSOE, es también significativa. Una sucesión de fotografías de personas encarceladas, en prisión provisional o cumpliendo condena, que él autor consideraba y rotulaba como «presos políticos». Es un ejercicio inútil pretender analizar si esos personajes pueden razonablemente acogerse a esa clasificación. Lo que está en cuestión es si es legítimo prohibir algo que no es un delito en función de consideraciones sobre la corrección política de la muestra secuestrada.

El incidente del humorista disfrazado de Puigdemont no propicia confianza en el manejo de Interior

Censurar una obra en una exposición es un asunto mayor y una señal de alarma sobre la salud de la libertad de expresión de una sociedad. Además, ARCO es una exposición bajo control público. No se trata de una empresa privada. Retirar un libro, exigir reformas para endurecer las penas por delitos que tienen raíz en la opinión, demuestran sin duda una deriva autoritaria.

Hay que reconocer que el manejo desde el Gobierno de la crisis catalana es un asunto muy complejo, agotador y que dura demasiado en el tiempo, estancado como está por la división del secesionismo y la parálisis en la formación de Gobierno.

Hay un consenso suficiente en las filas constitucionalistas sobre la legalidad y legitimidad de la respuesta del Estado. Pudiera hacerse un balance moderadamente positivo del curso de la crisis. Los partidarios de la independencia en Cataluña han bajado ocho puntos en tan solo cuatro meses. Un dato muy importante porque indica cansancio y deserción de una parte del electorado independentista.

La falta de coraje de la mayoría de los líderes encausados para hacer frente a sus responsabilidades con la Justicia demuestra el fracaso del relato independentista. Quizá lo que debiera promover más preocupación ahora es que el Estado, en la administración del desafío, empiece a hacer el ridículo. El incidente policial con el humorista Joaquín Reyes, disfrazado de Puigdemont y el registro sin resultados del avión privado de Pep Guardiola no es una imagen que propicie la confianza en cómo se está manejando el Ministerio de Interior.

Estamos ante una legislatura agotada a la que le faltan todavía cuatro años para agotarse

Todo parece indicar que el relevo de Luis de Guindos no va a propiciar una crisis de gobierno. Quizá sea desperdiciar la última oportunidad para dar oxígeno a un ejecutivo agotado. Juan Ignacio Zoido ha cometido demasiadas torpezas, algunas graves como la gestión del referéndum ilegal del 1 de octubre. Aficionado a hablar por no callar, su imagen no promueve mucha confianza. Algo parecido le ocurre al titular de Justicia.

La parálisis del Parlamento amplifica la situación de falta de gobierno. La ausencia de Presupuestos Generales del Estado es el mayor síntoma de una legislatura agotada a la que le faltan todavía cuatro años para agotarse.

Es cierto que las redes sociales y la democracia líquida plantean retos para que el pleno disfrute de la libertad de expresión sea compatible con la defensa de las agresiones a convicciones y creencias igualmente legítimas. Hace falta ponderación y sobre todo talento. Y empieza a haber una sospecha fundada de que las dos cosas han entrado en pérdida.

Dos años más de un gobierno con tantos déficits invita a la preocupación en un momento en que Europa va a entrar en fase de transformación y cuando la sociedad española tiene retos importantes que reclaman inteligencia política, diálogo y capacidad de consenso.

Lamentablemente, con estos mimbres es imposible sentirse optimista.