Acciona escribe otro capítulo en la ‘guerra del agua’: reclama 65 millones a Agbar
El grupo de los Entrecanales denuncia que su rival dejaron de pagar el servicio de abastecimiento el pasado agosto, mientras que la compañía afirma que abona la factura al titular del servicio: la Generalitat
Acciona exige a Agbar que le pague sin demora 65 millones de euros. La compañía de los Entrecanales ha denunciado ante la Generalitat que todas las filiales del grupo de Suez Environnement dejaron de pagar el servicio de abastecimiento de agua que realiza Aigües Ter Llobregat (ATLL) el pasado agosto en un intento de incrementar la presión de la guerra del agua que protagonizan ambas compañías.
Por ello, la factura pendiente de abonar contiene 45 millones del servicio y otros 350.000 de intereses de demora generados. Señala que Agbar ya ha abonado 20 millones debido a los requerimientos judiciales en este sentido.
Rechazo de cautelares
Acciona cataloga de «estratagema» para «desestabilizar y desordenar la prestación del servicio» que está en puja en los tribunales.
La actual gestora defiende que Agbar debe pagar porque la concesión y el contrato vigente son legales. Asegura que las sentencias de los tribunales hasta la fecha «se refieren únicamente a la improcedencia de la adopción de las medidas cautelares» que la concesionaria del servicio, Acciona y la Generalitat solicitaron para no aplicar el mandato del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (la antigua Oarcc) que anulaba la adjudicación.
Acusa a Agbar de «enriquecimiento injusto» al «cobrar a los ciudadanos por el agua sin abonar las cantidades debidas por el suministro a su proveedor (ATLL)».
Agbar paga a la Generalitat
El grupo dirigido por Ángel Simón, por su parte, asegura que no tiene una sóla factura pendiente de pago. Eso sí, las abona directamente a la institución que considera titualar del servicio: la Generalitat.
Antes de que Acciona tramitara su denuncia, Agbar denunció por enésima vez que tanto el Gobierno catalán como la concesionaria de ATLL hacen oídos sordos a los mandatos judiciales que anulan la adjudicación. Incluso al del Tribunal Supremo que afirma directamente que Acciona está inhabilitada para ofrecer el servicio de agua en Cataluña.
