Un modelo de eólica marina con anclaje social y ambiental
El “no” dogmático a las grandes instalaciones renovables no tiene ninguna justificación en la nueva realidad en la que nos hemos despertado y pone en peligro el futuro político, económico y climático de Europa.
Imagen de archivo del parque eólico marino situado en Viana do Castelo
La transición energética hacia un modelo 100% renovable será uno de los cambios de paradigma más disruptivos de nuestra generación, una transformación que implicará de forma directa al territorio y a la ciudadanía. Al mismo tiempo, la amenaza inminente del cambio climático nos obliga a actuar con máxima premura. Nos encontramos por lo tanto ante un reto de dimensiones históricas que no se podrá a llevar a cabo desde una sola institución o un solo gobierno al tratarse de una responsabilidad fundamentalmente compartida. En este sentido, acabamos de vivir un punto de inflexión y una oportunidad para el desarrollo de la eólica marina en España.
A principios de junio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) abrió una consulta pública dirigida a todos los actores públicos y privados para escuchar sus propuestas y demandas acerca del futuro marco normativo de la eólica marina flotante. Se trata de una de las dos asignaturas pendientes del Gobierno que, además de aprobar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, deberá establecer una nueva legislación que fije los criterios con los que deberán cumplir los parques eólicos marinos del futuro.
Es difícil sobreestimar la importancia de esta normativa y, en consecuencia, de la consulta pública que ha llevado a cabo el MITERD. Su finalidad era nada más y nada menos que la de escuchar a los actores sociopolíticos para definir los criterios de adjudicación que decidirán qué tipo de modelo de desarrollo será el que se lleve a cabo en las costas españolas. Y es que cabe recordar que ya estamos observando estrategias muy distintas por parte de diferentes empresas que están proponiendo parques eólicos marinos en nuestras aguas. El Ministerio deberá decidir si establece un marco que premie el esfuerzo previo a la concurrencia competitiva de proyectos que busquen la transparencia, la integración y el consenso con su entorno social y ambiental o si acabarán primando solo los criterios económicos sin tener en cuenta al territorio.
Se trata de reivindicaciones alineadas con la reciente defensa de la eólica marina por parte de las 5G, las cinco grandes organizaciones ecologistas (Greenpeace España, WWF España, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y SEO/Birdlife), que exigen el desarrollo de un marco que tenga en cuenta la dimensión social, tecnológica y laboral.
«Será responsabilidad de nuestros gobernantes y de los promotores que estos criterios no sean promesas difícilmente auditables»
En este sentido, hay que entender que, dependiendo la decisión final del Ministerio sobre el modelo de concurso, se podrá perpetuar un modelo “extractivo” basado en precio, o uno “participativo” si se le da un peso suficiente a aspectos socioeconómicos que comprometan a los promotores. Resulta por lo tanto fundamental que se valore con el mayor peso posible las campañas de caracterización ambiental que se hayan emprendido y completado previo a la convocatoria del concurso, la posibilidad para los vecinos de invertir y beneficiarse del proyecto, o el esfuerzo que se haya llevado a cabo para entender los condicionantes locales. Además, será responsabilidad de nuestros gobernantes y de los promotores que estos criterios no sean promesas difícilmente auditables, sino que las iniciativas demuestren su compromiso con la ciudadanía antes de presentarse a la futura concurrencia pública.
Si nos queremos tomar en serio el reto de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, debemos escuchar la consulta pública y reconocer los actores sociopolíticos en este proceso. Se deberá hacer tanto por motivos éticos como pragmáticos: por un lado, la responsabilidad compartida de un modelo descentralizado y verde exige que los actores sociales sean partícipes de este proceso y, al mismo tiempo, esto también supone la forma más pragmática para encontrar consensos que ayuden a avanzar la transición energética de forma conjunta en España. La mejor y, en gran medida, única forma de que los proyectos de eólica marina sean una realidad a corto plazo es garantizar un modelo participativo que evite errores del pasado.
