Todos cobraremos antes de 30 días

“Stalin ha muerto. A ver quién se lo dice”. Con esta frase, tan sarcástica como cruda, se reflejaba la dificultad de comunicar al poderoso dictador soviético una noticia que probablemente no le complacería. Si trasladamos esta metáfora al escenario empresarial actual, podríamos decir: “Las empresas deberán pagar en menos de 30 días. A ver quién se lo dice a las grandes constructoras”.

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo reglamento que busca que las empresas realicen sus pagos en un máximo de 30 días, recortando a la mitad el plazo de 60 días que establecía la anterior Directiva sobre Morosidad. Una medida que, sobre el papel, parece perfecta para favorecer la liquidez y la salud financiera de las pymes y autónomos. Pero, como suele pasar en la vida real, lo que parece bien en teoría puede tener sus complicaciones en la práctica.

Las grandes empresas, particularmente en el sector de la construcción, se han convertido en maestras en el arte de retrasar pagos. No es raro escuchar que un subcontratista ha tenido que esperar hasta 360 días para recibir su dinero. Con esta nueva normativa, nos encontramos ante un escenario en el que, de repente, el reloj se ha acelerado y el plazo de gracia ha desaparecido. Pero, ¿quién tiene el valor de exigir a las poderosas constructoras que se adapten a este nuevo panorama?

El hecho de que exista una ley no garantiza su cumplimiento

A nivel superficial, la propuesta de la Comisión Europea es una respuesta prometedora a las constantes reivindicaciones de entidades como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Sin embargo, es esencial entender que el hecho de que exista una ley no garantiza su cumplimiento. Así como en su momento hubo reticencias a informar a Stalin de su realidad, hoy en día, podríamos enfrentarnos a un muro de resistencia por parte de las empresas que han hecho del retraso en los pagos un modus operandi.

El nuevo reglamento, si bien está diseñado para proteger a las pymes y autónomos, puede tener el efecto secundario de empujar a las grandes empresas a buscar nuevas formas de esquivar la regulación. En lugar de enfrentar la realidad de una Europa que busca proteger a sus pequeñas empresas, podrían surgir prácticas aún más opacas y estrategias para evadir responsabilidades.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, resalta que la morosidad es «un problema sistémico para la economía de la Unión Europea», y tiene razón. Las grandes constructoras y empresas de otros sectores, con sus largos plazos de pago, estrangulan la liquidez de las pymes. Pero ¿cómo enfrentar a estos gigantes? ¿Cómo asegurarnos de que la nueva regulación no se convierta en una herramienta que, en lugar de proteger, termine perjudicando aún más a los pequeños?

Si hay algo que debemos aprender de la historia, es que no basta con cambiar las normas

Es crucial que, junto con este reglamento, se establezcan mecanismos de vigilancia y control, y que exista una verdadera voluntad política para hacer cumplir la ley. Las sanciones deberán ser ejemplares y las inspecciones frecuentes. Solo así podremos asegurarnos de que las grandes empresas no se escondan detrás de la burocracia o las lagunas legales para seguir retrasando sus pagos.

Porque, si hay algo que debemos aprender de la historia, es que no basta con cambiar las normas; es necesario garantizar que estas se cumplan. De lo contrario, nos encontraremos, una vez más, en un escenario en el que alguien tendrá que tener el valor de enfrentarse al poderoso y decirle: “La norma ha cambiado. A ver quién se atreve a hacértelo saber”.