Por nuestro Estado

El término «estado» es polisémico, ya que puede referirse a la salud, al ánimo, a cómo está cualquier cosa o, incluso, a un periodo estacional determinado. Pero aludo al Estado con mayúscula, que describe la forma de orden social que nos hemos procurado. Algo así como los hormigueros, para estos insectos, o las colmenas, para las abejas.

En nuestra caso e históricamente hablando, a medida que las comunidades humanas crecían en tamaño y complejidad, se volvían más difíciles de gestionar y resultaba necesaria la coordinación de los esfuerzos de todos. Así, el Estado surgió como una respuesta a ello, proporcionando una forma de gobierno centralizado que pudiese mantener el orden y la seguridad de los ciudadanos, procurando así su bienestar y seguridad, precisamente a través de la regulación de la actividad económica, la provisión de servicios públicos y la aplicación de leyes y normas sobre los derechos individuales y colectivos.

En este proceso, además, España fue pionera, ya que el Estado moderno surgió prácticamente tras los Reyes Católicos, mucho antes que en cualquier otro lugar de Europa. Pero esto es otra historia (aunque desconocida hasta para los más patriotas y ocultada por los demás actores internacionales). Mientras que la teoría política moderna del Estado surgió en el siglo XVII, con el trabajo del filósofo inglés Thomas Hobbes, quien en su obra más conocida, El Leviatán, argumentaba que el Estado, por un lado, resulta necesario para mantener el orden y la seguridad en la sociedad y, por otro, es como una criatura gigante y poderosa. Pero eso también es otra historia.

A pesar de la importancia del Estado como garante del orden y la seguridad, ha habido muchos críticos de su papel

El caso es que, a pesar de la importancia del Estado como garante del orden y la seguridad, ha habido muchos críticos de su papel, incluso argumentando que este es demasiado grande e intrusivo y que debería limitarse a un papel mínimo en la sociedad. Con la disputa emblemática a este respecto entre los economistas Keynes y Hayek, que analicé hace años en mi artículo La falacia del libre mercado.

Mientras que Keynes defendió y demostró la valía del papel del Estado en el objetivo del bienestar para todos, la postura de Hayek y partidarios derivó en el no intervencionismo y ha sido popular entre los defensores del libre mercado y la libertad individual, ambos entendidos interesadamente, con sus claros referentes en la política en el tándem Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y en el ámbito académico y financiero con la figura icónica de Milton Friedman (Premio Nobel de Economía en 1976).

También surgió una corriente de pensamiento conocida como liberalismo económico, que defiende la no intervención del Estado en la economía y la eliminación de las barreras comerciales para fomentar el libre mercado. Un enfoque promovido principalmente por los partidos conservadores y de derecha en muchos países del mundo. Sin embargo, esta postura resulta totalmente perjudicial para la mayoría y es egoísta e hipócrita por parte de los partidarios del no intervencionismo ya que, por un lado, piden la no intervención del Estado en el ámbito económico pero, por otro, a menudo exigen regulaciones de otro tipo para conseguir sus objetivos.

Para decirlo con un símil, es como si en nuestro cuerpo el sistema circulatorio quisiera ir por libre, sin estar regulado o coordinado con el resto de nuestro organismo. Lo mismo que pedir no regulación económica pero, por ejemplo, sí jurídica o normativa.

Esta actitud antisocial, interesada y especulativa del liberalismo económico radica en que aquellos que defienden el no intervencionismo económico, al mismo tiempo, buscan nichos de negocio propios del Estado, como la salud y la educación, mientras piden regulaciones específicas para conseguir sus objetivos. Es decir, defienden la no intervención del Estado en la economía, pero cuando se trata de sus propios intereses buscan la intervención del mismo para protegerse.

Como, por ejemplo, cuando en Extremadura el gobierno de Ibarra dictaminó una tasa a los bancos, que en seguida el gobierno central popular se encargó de neutralizar. O cuando las grandes empresas y multinacionales defienden el libre mercado y la eliminación de las barreras comerciales pero, al mismo tiempo, buscan la protección del Estado para evitar la competencia de otras empresas o de otros países. Además, muchas de estas empresas piden regulaciones específicas para proteger su posición en el mercado, como patentes y derechos de autor que les permiten controlar y monopolizar la producción de ciertos bienes y servicios.

Por otro lado, los partidarios del liberalismo económico también suelen argumentar que el Estado no debe intervenir en la provisión de servicios como la educación y la salud, ya que estas áreas deben ser manejadas por el sector privado. Sin embargo, la realidad es que el acceso a una educación y una atención médica de calidad es fundamental para el bienestar de la sociedad en su conjunto, y no solo para los individuos que pueden pagar por estos servicios, como precisamente está ocurriendo en EE.UU.

La intervención del Estado es esencial para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos y de calidad, independientemente de su situación económica

En este sentido, la intervención del Estado es esencial para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos y de calidad, independientemente de su situación económica. Además, su intervención en estos ámbitos puede garantizar la igualdad de oportunidades para todos, lo que, a su vez, puede ayudar a reducir la desigualdad social.

Por último, es importante destacar que la hipocresía y egoísmo del liberalismo económico no sólo se manifiestan en el ámbito económico, sino también en otros ámbitos, como la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Ya que muchos defensores del libre mercado argumentan que las empresas deben ser libres de operar sin restricciones, incluso si esto significa contaminar el medio ambiente o violar los derechos humanos. En este sentido, la intervención del Estado también es fundamental para proteger los derechos de las personas y garantizar un desarrollo sostenible que no ponga en riesgo el medio ambiente ni los derechos humanos.

En conclusión, el Estado es una forma de orden social esencial para garantizar el bienestar y la seguridad de la sociedad en su conjunto, ya que su intervención es fundamental para garantizar el acceso a servicios básicos como la salud o la educación, que para ese liberalismo solo suponen nichos de mercado suculentos con los que hacerse todavía más ricos y poderosos, incrementando así también la ya de por sí enorme desigualdad social existente.