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Tenemos un problema con el sistema de pensiones. Sentenciado hace tiempo, la inminente llegada de la generación de los baby boomers lo sitúa directamente en el corredor de la muerte de la sostenibilidad.

Como siempre que existe un desequilibrio presupuestario, o tocamos ingresos, o racionalizamos gastos. En las últimas semanas hemos asistido a diversas medidas que apuntan a lo primero, pero como siempre de mecha corta y efectividad limitada. Medidas que obvian que la única forma de arreglar el problema es aumentar la base de los contribuyentes, en román paladino, aumentar el número de trabajadores.

Es obvio que la ecuación que conduce a la creación de trabajo es de compleja solución, pero quizá es más fácil identificar aquello que la impide. La subida de cotizaciones sociales, que aumenta la parte del salario que debe ingresarse en la Seguridad Social, no parece precisamente un incentivo para el empleo, sobre todo cuando este impuesto al trabajo -que es de lo que se trata- se une a una concatenación de subidas del SMI. Rediseñar el sistema contributivo de los trabajadores autónomos tampoco parece favorecer su disposición a ampliar plantilla, máxime teniendo en cuenta que se está planeando un sistema “transitorio” para que absorban el impacto. Positivo, positivo, no parece, pues en ese caso se implantaría de un día para otro y todos tan contentos.

Como la vía directa, 25% de plantilla no estable, no triunfó, ahora se ensaya la indirecta, vía penalización de terminación de contrato

Tampoco parece muy inteligente asumir que todas las empresas son simétricamente homogéneas y, por tanto, susceptibles de limitación en su contratación temporal. Como la vía directa, 25% de plantilla no estable, no triunfó, ahora se ensaya la indirecta, vía penalización de terminación de contrato. Le auguro el mismo éxito, porque ambas medidas comparten la dudosa honra de parecer diseñadas por quienes no solamente no han visto una empresa en su vida, sino que jamás han entendido su funcionamiento.

Y desde luego, confundir mesa social con mesa sindical es sumamente tentador, pero poco adecuado. Los acuerdos con los sindicatos pueden asegurar una calma aparente en la que las calles amanecen tranquilas, aunque cada día se enciendan nuevos focos de protesta. Es decir, mantenemos las autopistas despejadas mientras colapsan las vías secundarias, pero las pantallas de tráfico están en verde. Sin embargo, quienes asumen riesgos y ponen su patrimonio, personal y muchas veces familiar, sobre la mesa son otros. Quienes se rompen la cabeza para saber cómo mantenerse activos son otros. Quienes despiertan cada día con escaladas de materias primas, suministros, transportes y sorpresas varias relacionadas con este extremismo energético en el que nos han sumergido, esos son otros. Los mismos a quienes se les cuenta por los periódicos, a modo de crónica social, lo bien que se puede desayunar, notificándoles de paso que tienen que pagar la factura. Así es fácil celebrar banquetes, unos ponen el menú y disfrutan de la comida, y otros asumen el importe del festín.

Todas y cada una de las veces que un acontecimiento dramático nos sacude el alma, tenemos que recordarnos la obligación de no legislar “en caliente”. Los Gobiernos, el nuestro en concreto, deberían aplicar con la misma diligencia la inconveniencia de adoptar medidas económicas con criterios ideológicos. Porque los segundos están muy bien para contentar y asegurar los votos de una parte de la población, pero nuestras oportunidades profesionales y laborales, nuestro crecimiento económico y nuestras posibilidades de ser el país que en algún momento fuimos, pasan más bien por criterios económicos.