Objetivo: proteger el empleo

La prioridad en 2023 ha de ser el mantenimiento del empleo, sin duda. Para ello, es necesario llevar a cabo un incremento del salario acompasado con este contexto. Previsiblemente, aunque la inflación se vaya moderando se mantendrá por encima del objetivo del 2%, algo que penaliza a las empresas por el lado de los costes, cuestión que se añade al impacto de las subidas de impuestos y cotizaciones sociales, entre otras cargas. Por otro lado, no se puede negar la mayor incidencia del salario mínimo interprofesional en las pequeñas y medianas empresas.

Desde la CEG no se niega el incremento a pesar de la incertidumbre en la que se encuentra nuestra economía. Así, se ha propuesto un incremento del SMI del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, por encima del incremento salarial medio pactado en los convenios firmados en 2022 (3,03%) y de la aplicada a los funcionarios (3,5%). Además, esta subida estaría supeditada al cumplimiento de un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes. También a la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en los que se produciría, si no se modifica la normativa aplicable, un incremento inevitable de los costes pero las condiciones económicas se mantienen, con el consecuente perjuicio para la viabilidad de las empresas.

Desde los sindicatos hablan de negociar salarios según la marcha de las empresas. De todos modos, hay que tener en consideración la situación que ha provocado en el proceso de negociación la aprobación de la enmienda transaccional para reponer el control de las causas en los despidos colectivos (ERES), que hemos considerado una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral.

Hay que destacar que la evolución de los precios coincidirá con crecimientos del PIB en el entorno del 1%, con una economía española que todavía no ha recuperado los niveles de PIB prepandemia.

También cabe recordar que, con respecto al salario mínimo, venimos de incrementos muy importantes en años anteriores. Así, en 2019 se incrementó un 22,3% con respecto al salario del 2018 (de 735 a 900 euros, actualmente 1.000 euros tras los posteriores incrementos). Esa subida, de acuerdo con algunos estudios, suponía que las tasas de cobertura del salario mínimo pasasen en Galicia de un 3,2% a un 8,1%, un cambio muy importante para nuestra comunidad autónoma, que era una de las de mayor incremento de la tasa de cobertura.

Asimismo, el salario mínimo incide en la negociación colectiva pues produce un efecto “cascada” en las tablas salariales y repercute en un mayor incremento de coste también por cotizaciones sociales.

En cuanto a la productividad, si bien en 2022 está aumentando, las caídas acumuladas en los últimos años dan lugar a que los niveles de productividad por persona ocupada en el tercer trimestre del año estén un 4,9% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Por su parte, la participación de las rentas del trabajo representa ya el 47,5% de la renta nacional en 2022, superando en un punto la previa a la pandemia.

La economía española afronta 2023 en un contexto de enorme incertidumbre, siendo conscientes de que seguimos retrasados en la recuperación del PIB

Hay que evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y salarios se retroalimentan entre sí, para evitar efectos de segunda ronda que lleven a una espiral inflacionista. Nadie niega la necesidad de un incremento de los salarios, pero ello debe evitar impactar en la inflación, principal elemento que debemos combatir en este momento por los importantes perjuicios y distorsiones que ello provoca.

De ahí también la necesidad de acometer cambios y reformas tendentes a favorecer el mantenimiento del empleo, a través de medidas que incidan y apoyen el crecimiento económico y la flexibilización de las condiciones en las que desarrollen su actividad las empresas, de modo que se facilite el crecimiento y la creación de empleo de manera sostenida.

Debemos buscar medidas que faciliten la contratación. Es paradigmático que, por ejemplo, en la normativa de incentivos a la contratación laboral se proponga un mantenimiento del empleo de tres años, duración excesiva a la luz de la coyuntura actual. Una garantía que podría ser de 12 meses sin duda, siguiendo el esquema de los programas de activación de empleo del ministerio, donde ya se hablaba de un año, pero con la incertidumbre actual, la guerra de Ucrania, la inflación y la subida de precios resulta imposible garantizar la evolución de una empresa a tres años vista.

El Ejecutivo calcula que el coste para el propio Estado de esta actuación asciende a 1.821 millones de euros. Dinero público… Y es el coste de esta política lo que ha hecho señalar a diferentes organismos independientes las deficiencias sobre el diseño de estas bonificaciones en los contratos laborales y su escasa eficacia en el fomento de empleo estable.

La economía española afronta 2023 en un contexto de enorme incertidumbre, siendo conscientes de que seguimos retrasados en la recuperación del PIB, el impacto de la subida de los tipos de interés en el consumo e inversión de familias y empresas, la alta inflación y la situación de las finanzas públicas, junto al panorama geopolítico, dejan un escenario que pasará factura tanto a la actividad como al empleo.

La prioridad, queda claro, ha de ser el mantenimiento de nuestro tejido productivo y en consecuencia el mantenimiento y, en la medida de lo posible, la creación de empleo ante la tibieza de los datos de diciembre.