Memoria democrática también en el cole

Más de cuarenta años de democracia y todavía tenemos pendiente enterrar dignamente a todos nuestros muertos de la Guerra (in)Civil. Todavía sin reconocer como se debe el sufrimiento de las víctimas de la guerra, de la durísima represión de posguerra y de la dictadura franquista. Los sublevados, ganadores de la contienda, sepultaron con honores a sus muertos y glorificaron a sus héroes. No así los perdedores, los que defendieron la legalidad republicana o pagaron con sus vidas por sus ideales, su militancia política o su afiliación sindical.

A estas alturas del siglo XXI, cuando ya declina el año 2022, acaba de entrar en vigor la Ley de Memoria Democrática, una de las más importantes y con mayor carga simbólica de esta legislatura. Lamentablemente, se ha aprobado con los votos en contra de las tres formaciones de la derecha. Coherente y previsible la de Vox, pero vergonzosa la oposición del Partido Popular y de Ciudadanos (ay, aquel presunto centrismo de Ciudadanos, partido de concordia…). El PP tuvo que buscar (y tergiversar) en la disposición adicional decimosexta (de un texto de más de 50 páginas de BOE) el pretexto formal para votar en contra de esta ley. Una lástima para su propia memoria democrática.

Toda la ley se refiere al período 1936-1978, con la aprobación de la Constitución como profundo punto de inflexión, faltaría más, a excepción de esa disposición adicional que amplía el plazo hasta 1983 para revisar vulneraciones de derechos de personas que lucharon por la consolidación de la democracia. Por tanto, nada que ver con implicados e implicadas en delitos de terrorismo, que fue el falso argumento esgrimido por el PP.

Más allá de renombrar el Valle de los Caídos, sacar de la basílica sevillana de La Macarena los restos del general Queipo de Llano (uno de los más sanguinarios represores franquistas) o suprimir el Condado de Fenosa (ahora sí que desaparece Fenosa por completo), la nueva ley declara ilegales e ilegítimos los tribunales e ilegales e ilegítimas las condenas fruto del golpe de estado y la dictadura.

El Estado asume la recuperación de cuerpos que siguen vilmente en cunetas y montes, se reconoce el derecho a una declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas, se establece un Plan de Memoria Democrática cuatrienal, se crea una oficina de víctimas, se fija el 31 de octubre como día de homenaje a las víctimas del golpe, la guerra y la dictadura, se crea un fiscal de sala para investigar violaciones de derechos humanos en ese período, etcétera.

Para escarnio de hijos y nietos de las víctimas, hasta hace muy pocos años se mantuvieron en el callejero de A Coruña los nombres de generales como Sanjurjo o Emilio Mola, paranoico criminal de guerra y principal “arquitecto de la represión”

Y, por supuesto, se prohíbe ensalzar de cualquier manera a los represores, los responsables directos de tantos crímenes, encarcelamientos y depuraciones. Para escarnio de hijos y nietos de las víctimas, hasta hace muy pocos años se mantuvieron en el callejero de A Coruña los nombres de generales como Sanjurjo o Emilio Mola, paranoico criminal de guerra y principal “arquitecto de la represión”, como le llama el historiador Paul Preston.

Es menos llamativo, pero a mí me parece de suma importancia que, de una vez por todas, se determine que el sistema educativo español asuma la obligación de que nuestros chavales salgan de colegios e institutos sabiendo qué pasó en la Guerra Civil y en los años posteriores. Porque hasta la fecha estamos graduando bachilleres en la más absoluta inopia sobre el asunto más importante del siglo XX español.

Una vergüenza, vamos.