Las 'okupaciones' y el libertinaje del sistema

El impacto de las novedades legislativas que ha ultimado el Gobierno en materia de alquiler y las que está estudiando poner en marcha a través de la nueva Ley Estatal de Vivienda podrían crear un desequilibro negativo para arrendadores y arrendatarios, al espolear la inseguridad jurídica y retraer la oferta. Una inseguridad jurídica que se manifiesta en las dudas sobre cómo poder desahuciar a los inquilinos en caso de impago del alquiler, así como evitar la okupación de una propiedad o si se hará tributar a los propietarios por tener las viviendas vacías, que en el caso de Galicia son más de 330.000.

Todo ello con la espada de Damocles de las limitaciones en el precio máximo del alquiler, aunque en el caso de Galicia será el gobierno autonómico o los ayuntamientos los que tengan que tomar la decisión, al amparo del próximo marco legal, ya que el Estado no tiene competencias en materia de vivienda.

En el segundo semestre de 2020 las ocupaciones de vivienda se elevaron un 40%

Desde mi óptica, esta es una de las principales preocupaciones de los propietarios, que en su inmensa mayoría son pequeños ahorradores que invirtieron en vivienda y necesitan rentabilizarla para atender los pagos de su préstamo hipotecario, o que cuentan con el alquiler que perciben como complemento a sus ingresos, en muchos casos brutalmente mermados por la pandemia.

Utilizar un índice estadístico de carácter estructural para intervenir las rentas de alquiler en 2021 y pretender seguir interviniendo los precios en el tiempo, en un mercado como el del alquiler de viviendas –que es coyuntural y cambiante–, es claramente perjudicial, al romper definitivamente el libre mercado de la vivienda a la vez que se lamina el derecho a la propiedad privada.

En los últimos meses y, sobre todo, a raíz de la pandemia provocada por el Covid-19, han aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas. Y en la mayoría de las ocasiones quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca o ninguna vulnerabilidad social.

Aproximadamente, un 60% de las viviendas ocupadas es de procedencia bancaria o de la Sareb

Hay que modificar el código penal para endurecer la pena del delito de usurpación y que sea una pena de prisión menor y no una simple multa. Y a la vez, crear un parque de vivienda social en alquiler como medida preventiva para mitigar la ocupación.

Es del 33,89% el incremento de ocupaciones en la comparativa semestral interanual en Galicia, con un aumento notorio en el segundo semestre del 2020, cuando se elevó un 40%. Hay que decir que es difícil saber cuántas propiedades están ocupadas en Galicia, pero siendo muy prudente, subirían de las 500 viviendas, la mayoría propiedades de procedencia bancaria.

Solo en un tercio de las ocupaciones se tramita una denuncia. En todo el 2019 se tramitaron 145 denuncias en Galicia. También es estimación la titularidad de la propiedad de todas las okupaciones, que es difícil de saber, si bien aproximadamente un 60% serían de procedencia bancaria y Sareb. El resto pertenecerían a particulares, fondos y propiedades vacías de administraciones públicas o provenientes de embargos de la Agencia Tributaria o Seguridad Social.

Es importante añadir que la zona, barrio o urbanización donde esta una propiedad ocupada, se convierte en una zona insegura para el resto de vecinos y con numerosos conflictos de convivencia y delincuencia. Deprecia no solo el valor de la propiedad ocupada sino también el de resto de propiedades de la zona, por lo que las entidades financieras harían bien en darle una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla y que pierda casi todo su valor en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta que la totalidad de estas propiedades cuando se recuperan están en un estado calamitoso.