La prioridad de combatir la inflación
Es imprescindible evitar ligar los salarios al IPC porque las empresas están al límite, sin poder trasladar los efectos de la inflación a los clientes, asumiendo de esta forma costes importantes y reduciendo significativamente sus márgenes
La escasez de materias primas, unida al aumento de los costes energéticos y el auge sostenido de la demanda, han empujado a la inflación hasta niveles no vistos en los últimos 30 años, con una escalada en marzo hasta el 9,8% respecto al mismo mes del año anterior, y la han convertido en una de las principales amenazas para una recuperación económica pospandémica aún incipiente. Desbarata además los Presupuestos Generales del Estado para este año (unas cuentas construidas según unas previsiones de crecimiento del 7%), y que se van recortando a la par que la evolución descontrolada del IPC y, por supuesto, del conflicto armado en Ucrania.
Y la bola de nieve se agrava con respecto a este último punto, ya que si la guerra se alargara en el tiempo, se ponen en el disparadero mercados de suministros esenciales y se acrecentará todavía más el problema que ya tenemos con el coste de la energía –con el despegue de los precios del gas o del petróleo-, y de las materias primas –con la afectación de los minerales como el aluminio o el cobre, pero también los cereales o los fitosanitarios-, derivando en una escalada de precios difícil de parar.
El último dato de inflación comentado se conoció precisamente un día después de que el Gobierno aprobara el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra en Ucrania, que incluye medidas por un montante de 16.000 millones de euros para contener en el próximo trimestre el aumento de la tasa de inflación y blindar el ritmo de crecimiento, y que Funcas considera que apenas aliviarán en un punto porcentual una inflación media en el año en curso.
Si la guerra se alargara en el tiempo, se ponen en el disparadero mercados de suministros esenciales y se acrecentará todavía más el problema que ya tenemos con el coste de la energía
Desde la CEG hemos calificado el plan de intervencionista e insuficiente, porque condiciona la libertad de empresa y coarta aún más si cabe la flexibilidad tan necesaria en este momento, yendo más allá de los acuerdos en materia laboral alcanzados en el marco del diálogo social recientemente. Tampoco es de recibo ir contra la propiedad, limitando la revalorización de los alquileres. Igualmente, y en el ámbito concreto del mercado laboral, la Confederación de Empresarios de Galicia considera que las medidas propuestas por el Gobierno abocarán a muchas empresas a su quiebra al impedirles ajustar plantilla si les fuera necesario, por causa objetiva.
Y es que más bien necesitamos medidas de flexibilidad que nos permitan adaptar nuestras estructuras empresariales a la coyuntura actual, hasta que se supere esta situación, para volver a crecer, competir y por lo tanto contratar.
A las luces del plan tampoco se produce ningún tipo de alivio fiscal extra, manteniéndose únicamente las medidas fiscales de aplicación del tipo reducido de IVA a los precios de la energía, de la rebaja en el impuesto especial a la electricidad o la suspensión del impuesto de generación eléctrica, unas normas que han permitido que la inflación suba de media todos los meses un punto menos, demostrándose de esta forma que tocar los impuestos sí incide sobre los precios. Es por ello por lo que aunque el Gobierno pregone que su objetivo es bajar los precios, es complicado que lo consiga si no aprueba medidas fiscales, máxime si inyecta nuevos estímulos a la economía para compensar los incrementos de precios que derivan en un mayor incremento de la inflación.
Debemos al contrario reducir los impuestos a productos energéticos –electricidad, gas y carburantes- y retirar coyunturalmente la tasa de CO2, pero también establecer mecanismos de flexibilidad en la contratación pública para adaptar los precios de los contratos a la realidad del mercado; agilizar la puesta en el mercado de los fondos de la Unión Europea; acelerar la tramitación de la nueva Ley Concursal; y alcanzar un gran acuerdo entre patronal y sindicatos que ofrezca estabilidad y module la inflación. Particularmente debemos trabajar intensamente en un Acuerdo para la Negociación Colectiva 2022-2024, que dote de un marco estable a las relaciones laborales y contribuya a la recuperación económica y a una subida ordenada de los costes.
Tenemos ante todo que poner especial cuidado en no convertir la inflación coyuntural en estructural como consecuencia de consolidar los salarios en función del nivel de precios
Con respecto a este último punto, es imprescindible evitar ligar los salarios al IPC porque las empresas están al límite, sin poder trasladar los efectos de la inflación a los clientes, asumiendo de esta forma costes importantes y reduciendo significativamente sus márgenes empresariales. Tenemos ante todo que poner especial cuidado en no convertir la inflación coyuntural en estructural como consecuencia de consolidar los salarios en función del nivel de precios porque saldríamos todos perdiendo.
En definitiva, en estos momentos combatir la inflación debe ser nuestra gran prioridad. Apliquemos las medidas acertadas para conseguirlo.