III Plan de Rescate: le toca al Gobierno allanar el camino
El cumplimiento del nuevo plan puesto en marcha por la Xunta con fondos estatales se está viendo empañado o cuando menos ralentizado
Un local de hostelería cerrado
Aportar liquidez a los autónomos y empresarios de forma inmediata, apoyar su solvencia empresarial y ser sus aliados en el camino de la recuperación económica. Con esta vocación surgió el III Plan de Rescate puesto en marcha por la Xunta de Galicia con fondos estatales, pero su cumplimiento se está viendo empañado o cuando menos ralentizado.
A las pruebas me remito. Poco más de 4.000 solicitudes presentadas a escasas horas de finalizar el plazo de instancia, o lo que es lo mismo, tan solo 64 millones de los 234 comprometidos para Galicia, quedando por gastar algo más del 70% del presupuesto.
El Gobierno autonómico ya ha movido ficha dentro de sus posibilidades, ampliación del plazo de petición de subvenciones hasta el 30 de septiembre, y mayor flexibilización de las exigencias relativas a la caída en el volumen de facturación, pasando a fijarse en el 30% para todas las actividades económicas, estén o no incluidas en el anexo I del Real Decreto que regula el plan.
No es de recibo poner en este momento obstáculos al “rescate” de pymes y autónomos
Pero esta relajación en los criterios de acceso es insuficiente. Le toca el turno de actuación al Ejecutivo a través de la modificación de la norma que regula el acceso a los fondos. A todas luces la complejidad y rigidez de los criterios establecidos están actuando de barrera para acceder a los incentivos, y no es de recibo poner en este momento obstáculos al “rescate” de pymes y autónomos.
La norma debería eliminar la necesidad de que las ayudas se destinen al pago de deudas, exigiendo únicamente un descenso en la caída del volumen de facturación. De lo contrario se estaría produciendo un agravio comparativo con los trabajadores que durante el tiempo de pandemia han estado haciendo un sobreesfuerzo para liquidar sus deudas a través de recursos propios.
La norma debería eliminar la necesidad de que las ayudas se destinen al pago de deudas, exigiendo únicamente un descenso en la caída del volumen de facturación
Además, es necesario actuar sobre los criterios porcentuales que topan la cuantía máxima que puede recibir el autónomo o la empresa en favor de la reducción de carga burocrática.
En definitiva, se debe allanar el camino para devolver a la senda de la recuperación económica (y por tanto del empleo y de la riqueza) a más del 97% del tejido productivo de Galicia.
