Filantropía y la dudosa gestión sanitaria

No hay la menor duda de que en este país la Administración pública tiene su propia dinámica, carente de agilidad y agravada por la cesión de algunas competencias en relación con las comunidades autónomas, con la consiguiente duplicación de funciones y disparidad de criterios, lo que ha generado una maquinaria funcionarial inmensa inducida por los políticos. Pero no por ello ha logrado un modelo deseablemente resolutivo; es decir, la antítesis del concepto más básico de lo que debe representar la eficiencia y la satisfacción de los administrados.

Lo que es obvio en general, también se refleja en la sanidad pública, donde el desembarco del Covid-19 ha puesto de manifiesto las carencias y descoordinaciones dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). A pesar de ello y con todos sus fallos, la percepción social de este servicio está valorada positivamente por la sociedad, porque la inercia de un sistema de muchos años, aunque evolucione con más lentitud de la deseada, va cumpliendo los fines para los que se concibió. Eso sí, si escarbamos en el ámbito de los recursos humanos (RR HH), pieza clave del sistema, descubriremos la cotidiana insatisfacción de los sanitarios, en sus diferentes dedicaciones, estamentos y categorías, que se refleja cotidianamente en los medios de comunicación.

«Amancio Ortega ha venido a demostrar sin pretenderlo con sus bienintencionadas donaciones un nuevo fracaso de la gestión pública en materia sanitaria»

Desde que la gestión sanitaria se trasladó a las autonomías, cada una de ellas ha establecido un sistema sanitario diferente, lo que hace que el SNS tenga 17 subsistemas, donde se han creado organismos caprichosamente, se han establecido o liquidado conciertos con los operadores privados según los criterios ideológicos de turno, se paga diferente a los sanitarios, con sistemas de selección no uniformes, etcétera. Un desaguisado descoordinado con los gobiernos centrales, que han hecho una permanente y clara dejación de funciones con lo que la Ley General de Sanidad estableció como la histórica Alta Inspección.

En esta situación de permanente politización, el señor Amancio Ortega, a quien no cejan de denostar con argumentos carentes de racionalidad desde la izquierda más populista, ha venido a demostrar sin pretenderlo con sus bienintencionadas donaciones un nuevo fracaso de la gestión pública en materia sanitaria. Tanto es así, que en el tiempo transcurrido desde su penúltima aportación todavía no se ha completado el funcionamiento de la aparatología regalada en su día.

No hay duda de que en este país no estamos acostumbrados y menos preparados, como no ocurre en otras latitudes, para afrontar la aparición de esas iniciativas filantrópicas en sanidad, pero es una responsabilidad grave que estas acciones no se traduzcan de inmediato en beneficios sociales; sería causa más que suficiente para buscar responsables de tal insolvencia. No curados de ese espanto nos encontramos con una nueva aportación, mal explicitada desde el Gobierno, que va a suponer otro gran avance tecnológico en nuestros centros sanitarios y ojalá los gestores sanitarios hayan aprendido algo de los errores cometidos con la anterior.

En algún cambio de pareceres algunas personas no conocedoras del sector han planteado la reflexión de por qué esas donaciones no se han hecho directamente a la investigación biomédica. Es cierto que nuestro país ha avanzado muchísimo en los últimos años en las múltiples y complejas facetas investigadoras en el sector; esto ha sido posible gracias a la cada vez mayor conjunción de la iniciativa privada de diverso tipo, los fondos estatales y la concurrencia de universidades e instituciones sanitarias públicas y privadas; pero la multitud de proyectos bioquímicos, farmacológicos, biotecnológicos y clínicos hacen que en muchos casos los beneficios sociales no sean traducibles a corto plazo para los ciudadanos, a pesar de que estamos entre los países con más proyección internacional en cuanto a los ensayos clínicos.

«Estas donaciones se traducirán a corto plazo, y en el sentido que se pretende, liberando a las arcas públicas de algo que no pueden afrontar»

Los médicos investigadores pertenecientes al SNS y/o a las universidades, aunque sea difícil de entender, no obtienen ningún beneficio económico personal con sus proyectos, salvo aumentar su currículo, elevar su prestigio profesional y conseguir que les doten de la tecnología necesaria, que no se la iba a comprar la institución. Sabemos que la renovación tecnológica sanitaria con motivo de la crisis padecida es manifiesta y que nuestras universidades e instituciones sanitarias tienen una rémora importante tanto por la obsolescencia de su aparataje, como por la incapacidad presupuestaria de inversión en avanzadas maquinarias, de las que algunas son altamente costosas.

Estas donaciones se traducirán a corto plazo, y en el sentido que se pretende, liberando a las arcas públicas de algo que no pueden afrontar. No es cuestión en este artículo de valorar los próximos presupuestos del Estado y menos aún el discrepante destino que han de tener, pero la realidad es que estas donaciones no manipulables serán un regalo bienvenido en estos momentos económicos sanitarios