Eutanasia: empatía social y/o pugna ideológica

La única vez que escribí un artículo sobre este tema, “Obligados a vivir”, fue en La Voz de Galicia en noviembre del año noventa y nueve; desde entonces, que escribí aquellas líneas por el caso de Ramón Sampedro y su arriesgada y valiente compañera, Ramona Maneiro, hasta ahora han cambiado las cosas, pero no mi criterio al respecto. Entonces solo un país europeo y un estado norteamericano habían tenido iniciativas legislativas al respecto.

La experiencia de otros países que han decidido dar ese paso adelante y el modo en cómo lo han hecho, sin sufrir denuncias con su puesta en práctica, nos indica que es posible atajar una demanda social, con su indudable voluntariedad, sin conculcar los derechos morales o profesionales de quienes la rechacen para sí mismos o participar en dichas prácticas. Hace más de tres años que falleció Salvador Paniker, el insigne escritor y personaje polifacético, que fue presidente de la asociación ‘Derecho a morir dignamente’ y se ha ido sin ver materializarse una de sus más ansiadas luchas, que se reconociera este derecho social.  

No es comprensible que se obviara un informe preceptivo o la comparecencia de la Organización Médica Colegial española

Entendiendo la situación política del país, el actual Gobierno de coalición y las contradicciones en las que está asentado el actual presidente, no es difícil comprender que los partidos de la oposición tengan la desconfianza suficiente para no apoyar muchas iniciativas legislativas. Pienso que esta concurrencia de personas tan variopintas en el Ejecutivo, sobre todo teniendo en cuenta el aprovechamiento que han hecho para sacar adelante por vía de urgencia iniciativas legislativas controvertidas, en el marco de una pandemia y del aislamiento social, tampoco los hagan acreedores de la confianza necesaria para los desarrollos normativos.

Digo esto por cuanto el análisis de la ley aprobada deja una serie de incógnitas que, aparte de las ideológicas, posiblemente puedan ser la causa de no haber logrado un deseable consenso en una materia tan sensible, máxime teniendo en cuenta las desafortunadas declaraciones sobre las personas de edad y su futuro, que lamentablemente se ha atrevido a manifestar públicamente el que actualmente es el vicepresidente.

El primer lugar, y teniendo en cuenta que han de ser actores principales de la misma, no es comprensible que se obviara un informe preceptivo o la comparecencia de la Organización Médica Colegial española (OMC), independientemente de que sus manifestaciones, no solo españolas sino de similares organismos europeos (CPME/UE) y mundiales (AMM), puedan discrepar de las iniciativas legislativas. Al Gobierno le asiste el derecho de actuar según su criterio y llevar al Congreso y Senado lo que estime bueno para la ciudadanía, pero no dejar resentimientos y una clara falta de sensibilidad, por su negativa a escuchar a organizaciones que constituyen una parte del tejido social, sobre el que está estructurado el país.

Los conceptos básicos deberían estar incluidos dentro de la propia ley para evitar diecisiete fórmulas diferentes en el acceso a morir dignamente

Por otra parte, lo que a algunos nos inquieta de la nueva legislación es la llamada Comisión de Evaluación y Control, porque en realidad no es una solo, sino que serán tantas como comunidades autónomas. Si tenemos en cuenta cómo está el mapa de gobiernos autonómicos y sus competencias, no es previsible que trasladando esa responsabilidad al Consejo Interterritorial del SNS se llegue a acuerdos concretos de cómo han de constituirse esas comisiones, qué perfiles han de tener los designados, así como la uniformidad en regular los aspectos que contempla la ley bajo sus competencias.

Deberían al menos los conceptos básicos al respecto estar incluidos dentro de la propia ley, para evitar interpretaciones autonómicas variables y que el resultado final sea, una vez más, que acceder a morir dignamente y sus garantías pueda ser con diecisiete fórmulas diferentes.