El injustificable libertinaje en la okupación de viviendas

Hace escasos días el Partido Popular presentaba una Proposición de Ley en el Congreso para regular la aberrante problemática de la okupación, aunque debo añadir que cuando gobernó con Rajoy no hicieron nada de nada tampoco. Pues bien, dicha propuesta contiene cuatro líneas de actuación que considero totalmente necesarias para combatir un libertinaje total y absoluto por quienes okupan ilegalmente una propiedad privada.

Estás cuatro líneas se pueden sintetizar para su perfecta comprensión en : desalojo en 24 horas una vez conocido por las fuerzas de seguridad el presunto hecho delictivo, recuperar del Código Penal el delito de usurpación de bienes inmuebles, impedir desde las administraciones públicas el empadronamiento de las personas que okupen ilegalmente una propiedad privada y el endurecimiento de las penas en caso de que se trate de grupos mafiosos quienes estén detrás de okupaciones que únicamente buscan un fin económico ilegal e extorsionador .

Las entidades financieras harían bien en dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte

Dicho esto, es difícil saber cuántas propiedades están okupadas en Galicia pero, siendo muy prudente, diría que suben de las 500 viviendas. La titularidad de los propietarios de todas las okupaciones es compleja de saber, aunque calculo que aproximadamente un 60% son de procedencia bancaria y Sareb. En el resto estarían particulares, fondos de inversión y propiedades vacías de administraciones públicas.

Es importante reseñar que la zona, barrio o urbanización donde está una propiedad okupada la convierte inmediatamente en insegura para el resto de vecinos, con numerosos conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia. Deprecia no solo el valor del inmueble okupado, sino también el del resto de propiedades de la zona.

Por ello, las entidades financieras (la mayoría de las viviendas okupadas son de procedencia bancaria) harían bien en dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso.

La realidad es que los okupas tienen más derechos que los propietarios, o por lo menos, es la sensación que tenemos la sociedad en general

La realidad es que los okupas tienen más derechos que los propietarios, o por lo menos, es la sensación que tenemos la sociedad en general. Y mientras  no se definan de manera nítida los conceptos de «vulnerabilidad», «propiedad privada» y «usurpación», la inseguridad jurídica seguirá siendo total.

Debo recordar que España es un Estado de derecho, y como tal, es fundamental el respeto a la Carta Magna y a las leyes. No se pueden vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los que los españoles nos hemos dotado con la Constitución, y entre ellos está el respeto a propiedad privada. 

El tema es que el problema se ha agravado y multiplicado, y hay que afrontarlo. Sobre todo en una comunidad como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías. Y que estén desocupadas no significa que no tengan dueño, que sí lo tienen, y ahí está el catastro y los recibos del IBI a sus propietarios para dejar constancia de ello. 

Y es que, la actual ley de desahucio exprés, únicamente ha propiciado el hecho de que el propietario pueda acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía. Aunque en la mayoría de los casos, el dueño suele recuperar la vivienda en un plazo de 3 a 12 meses y siempre con importantes desperfectos que nadie cubre, por la insolvencia de los okupas. 

En definitiva, la realidad es que estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación en nuestra comunidad autónoma, debido a una legislación que no afronta la problemática actual en un contexto económico adverso.