El complejo mar-industria tiene que estar en la costa

La publicación del nuevo Reglamento General de Costas a principios del pasado mes de agosto supuso un incremento del grado de preocupación de las empresas que necesariamente deben desarrollar su actividad en la ribera del mar al ver seriamente comprometida su continuidad en el dominio público marítimo-terrestre –DPMT- y constatar cómo la nueva normativa incrementa todavía más los niveles de inseguridad jurídica a la que se veían sometidas con la anterior, provocando en muchos casos la paralización de las inversiones para la ampliación o modernización de las que ya están funcionando en la zona costera.

Esta actuación, unida a la propuesta del Plan Estratégico de Protección, supone una vuelta de tuerca más en el concepto de protección del DPMT -plasmado en la Ley de Costas y sus diferentes Reglamentos, así como en otras Leyes con similares objetivos- que busca “renaturalizar” el litoral español desde un enfoque exclusivamente medioambiental, obviando que éste es muy diverso y en él se desarrollan actividades sociales, económicas y culturales que igualmente deben ser tenidas en cuenta en la planificación de ese territorio.

La nueva normativa incrementa todavía más los niveles de inseguridad jurídica a la que se veían sometidas las empresas con la anterior

Ante este panorama normativo, la Confederación Mar-Industria Alimentaria decidió tomar acción para evitar el desmantelamiento progresivo tanto de la actividad productiva como del empleo que nuestras empresas desarrollan en la costa.

Así, hemos buscado y conseguido el apoyo por parte de los tres grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia y de las Conselleiras de Mar y de Medio Ambiente en nuestra reivindicación de facilitar y promover por parte de las Administraciones el mantenimiento de las empresas afectadas por el vencimiento de los plazos concesionales en la ribera del mar en el marco de una intensa ronda de encuentros celebrados la semana pasada.

Además, en la reunión mantenida esta semana con la Dirección General de la Costa y el Mar para analizar conjuntamente la situación concesional de las empresas de la cadena mar industria, hemos acordado analizar expedientes concretos de empresas afectadas por la nueva legislación en una próxima reunión y antes de que finalice el año con el objetivo de buscarles acomodo técnico y que puedan seguir operando en su ubicación. Veremos cómo se resuelven. Expectantes estamos.

De todas formas, y bajo nuestro prisma, la solución para resolver esta problemática pasa, entre otros extremos, por abordar una modificación de la Ley de Costas en la línea de amparar a las empresas ya preexistentes antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013 y que favorezca también la implantación de nuevas compañías de la cadena mar industria alimentaria en el DPMT; así como en conseguir que sea el Gobierno autonómico el que detente las competencias totales de ordenación y gestión de nuestro litoral. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en ambas reivindicaciones.