Demandas empresariales para el nuevo Gobierno

Recientemente, desde la Confederación de Empresarios de Galicia, hemos puesto de manifiesto las demandas del sector empresarial de cara a la constitución del nuevo Gobierno resultante de las elecciones generales. En este sentido, y como también se ha hecho desde la CEOE, no podemos dejar de hacer hincapié en la importancia de reconocer el valor de las empresas como pilar fundamental para el crecimiento de la economía española y gallega.

Las empresas, ya sean grandes o pequeñas, así como los trabajadores autónomos y los empresarios individuales, son el principal motor del desarrollo económico del país. La iniciativa emprendedora, por ello, debe ser promovida y apoyada de manera sólida y conjunta entre los partidos políticos y el tejido productivo, como una apuesta decidida por el futuro económico y social de nuestro país. Somos la solución y no el problema y constituimos la principal garantía del crecimiento económico de Galicia y, por ende, de España.

Los empresarios y empresarias de Galicia y del conjunto del Estado son la fuente primordial de generación de riqueza y empleo, por ello no debemos descuidar la adopción de medidas necesarias para fomentar el emprendimiento. En Galicia hay, según el Instituto Galego de Estatística 241.247 empresas, de ellas 153.010 son microempresas, con menos de 10 trabajadores (datos de 2021). Es necesario promover instrumentos de financiación y garantías adecuadas para proyectos viables; medidas que favorezcan la sucesión de empresas, permitiendo la cotitularidad durante períodos de transición; agilidad y simplificación de la tramitación administrativa necesaria para poner en marcha un negocio: coordinación entre administraciones, procedimientos sencillos y resolución ágil; y formación adecuada y adaptada a quienes quieren emprender.

Las empresas, los trabajadores autónomos y los empresarios individuales son el principal motor del desarrollo económico del país

Uno de los ejes fundamentales en el documento que presentamos a los partidos políticos es el impulso al emprendimiento y las vocaciones empresariales entre los jóvenes. Abogamos por el reconocimiento y enaltecimiento de la figura del empresariado, así como por estrechar la vinculación entre las empresas, la educación y la formación. De esta forma, se buscará fomentar una cultura emprendedora y crear las condiciones para que nuevos proyectos puedan florecer, generando más actividad económica, empleo y beneficios para toda la sociedad.

El segundo eje relevante es la propuesta de un marco regulatorio y económico favorable para las empresas. En este sentido, es vital contar con garantías de estabilidad y seguridad jurídica, que salvaguarden el derecho de propiedad y la libertad empresarial.

Asimismo, es esencial la claridad y calidad en la legislación, reduciendo cargas innecesarias y eliminando barreras para el establecimiento y desarrollo de la actividad empresarial. Una mayor coordinación de las políticas territoriales en este ámbito también se considera fundamental para mejorar el entorno de negocios en el país. A grandes rasgos, destacamos, ya en nuestras propuestas, la necesidad de la mejora de la regulación, a través de la simplificación normativa. Es necesario volver a un sistema de elaboración de normas sosegado, racional y con una participación adecuada de los sectores afectados; avanzar en la reducción de las cargas administrativas y evitar que la nueva legislación añada más cargas que contrarresten otros efectos beneficiosos. Es imprescindible evaluar el impacto económico de cada nueva disposición, tanto para el ámbito público como para el privado.

Hacemos un llamamiento al próximo Gobierno de España para que ponga en valor el papel fundamental de las empresas en el crecimiento económico de la nación. Esto implica promover el espíritu emprendedor, brindar un marco regulatorio propicio y garantizar un entorno que estimule la inversión y la actividad empresarial en beneficio de toda la sociedad. La colaboración entre el Gobierno y el sector empresarial será clave para lograr un desarrollo económico sostenible y generar un mayor bienestar para todos los ciudadanos.

Las demandas empresariales expuestas por la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y por la CEG (Confederación Empresarial de Galicia) buscan encajar en las tareas que enfrentará el nuevo Gobierno. Estas demandas tienen como objetivo principal reconocer el valor de las empresas como la principal garantía para el crecimiento económico de España. Son los empresarios y empresarias de nuestro país los que arriesgan sus recursos y ahorros para generar más actividad económica, empleo e ingresos públicos, contribuyendo al bienestar de todos los ciudadanos.

La colaboración entre el Gobierno y el sector empresarial será clave para lograr un desarrollo económico sostenible y generar un mayor bienestar

Sin embargo, ante las dificultades para formar Gobierno, las máximas preocupaciones del empresariado radican en la incertidumbre política y las posibles dificultades para alcanzar acuerdos sólidos que impulsen las políticas económicas y empresariales necesarias para el país. La falta de una mayoría clara en el Congreso podría generar inestabilidad y ralentizar la implementación de las medidas necesarias para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Las demandas de Galicia con respecto a otras comunidades autónomas se centran en la obtención de fondos europeos para llevar a cabo proyectos transformadores en el ámbito de las energías renovables. Pero la reducción de las cotizaciones y la presión fiscal en nuestra comunidad, como en el resto, tendría un impacto significativo en los autónomos y el tamaño de las empresas en la región.

Apostamos por un modelo que reduzca y simplifique el sistema fiscal, tanto en número de tributos como en presión, tanto a ciudadanos como empresas. La presión fiscal en España se ha situado en máximos históricos en el 2022, superando el 42% del PIB y, por lo tanto, por encima del promedio de la UE. De hecho, el esfuerzo fiscal que hacen los contribuyentes de media en España para hacer frente a sus obligaciones es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea, según el último estudio elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Precisamos una bajada para todos, generalizada: es necesario eliminar impuestos que afectan directamente a la continuidad de muchas empresas, especialmente las empresas familiares, como son el Impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones.

El esfuerzo fiscal que hacen los contribuyentes de media en España para hacer frente a sus obligaciones es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea

Como medida esencial se considera que las cotizaciones sociales deberían atender exclusivamente a prestaciones contributivas, imputando el coste de las demás prestaciones a los Presupuestos Generales del Estado. Se debería trabajar en reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad Social por trabajador y promover un menor coste laboral, mayor competitividad y mayor capacidad de contratación. Requerimos de incentivos fiscales a la inversión para la creación de empleo y el emprendimiento y la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio. Además, habría que evitar la creación de nuevos impuestos.

Entre las implicaciones más relevantes que conseguiríamos con la reducción de las cotizaciones sociales para los trabajadores autónomos sería el alivio de la carga financiera que enfrentan al pagar las contribuciones a la Seguridad Social. Esto permitiría a los autónomos disponer de más recursos para invertir en sus negocios, mejorar su competitividad y mantener sus operaciones de manera más sostenible. Asimismo, una menor presión fiscal para los autónomos podría estimular el emprendimiento y la creación de nuevos negocios en la región, lo que a su vez podría impulsar la generación de empleo.

La reducción de la presión fiscal en las PYMES gallegas podría tener efectos positivos en su rentabilidad y capacidad para invertir en innovación, tecnología y expansión. Al disminuir los impuestos y las cargas tributarias, las empresas tendrían más recursos para reinvertir en sus actividades y mejorar su competitividad. Esto podría traducirse en un crecimiento económico más sólido y una mayor generación de empleo en la región. De la misma forma, podría hacer que la región sea más atractiva para las inversiones nacionales e internacionales. Las empresas podrían ver a Galicia como un lugar favorable para establecer sus operaciones debido a una carga fiscal más baja y ventajas competitivas en términos de costos laborales y otros factores. Esto podría fomentar la creación de empleo y estimular el desarrollo económico en la región.

Es importante tener en cuenta que cualquier medida de reducción de impuestos y cotizaciones debe ser equilibrada y sostenible para asegurar la financiación adecuada de los servicios públicos y programas sociales. La implementación de políticas fiscales adecuadas debería considerar cuidadosamente el impacto a largo plazo en las finanzas públicas y el bienestar económico de la región.

En este sentido, debemos recordar que desde la CEG reivindicamos la negociación colectiva. Es importante mantener la vigencia de los acuerdos alcanzados y vigentes en este momento, como garantía de paz social y como marco estable y de seguridad jurídica para los operadores.

Es importante mantener la vigencia de los acuerdos de la negociación colectiva alcanzados y vigentes en este momento

Por otra parte, hemos de recordar al nuevo Gobierno que Galicia se encuentra en una situación de partida desfavorable respecto a otros territorios de la UE, lo cual penaliza la competitividad de nuestras empresas en el mercado único europeo y en el mercado mundial. Es inaplazable el pleno despliegue del Corredor Atlántico de mercancías para contribuir a la cohesión territorial del noroeste con el resto de España y con la UE. Es imprescindible apostar por la intermodalidad y concluir la interconexión de los principales puertos de Galicia con el ferrocarril de mercancías. Hay que incorporar el noroeste en el mapa de autopistas ferroviarias diseñadas por el Gobierno de España en relación con la Alta Velocidad, cerrar definitivamente la conexión de las principales ciudades de Galicia con la meseta y conseguir por fin la conexión en tiempos razonables. Es imprescindible que España apueste por la conexión férrea con Portugal desde Galicia. Y es preciso apostar por la especialización y coordinación de los aeropuertos de Galicia, facilitando una conexión aérea a la comunidad autónoma en términos competitivos no solo con el resto de España, sino para salir a Europa y al resto del mundo.

Hay que tener en cuenta, asimismo, que la reforma del mercado debe permitir la convivencia de las diferentes formas de operar en él y la libertad de elección por parte de los inversores, incentivar las inversiones en renovables y no penalizar ningún vector energético, porque todos son necesarios para el avance de la transición energética. El mercado de la electricidad debe garantizar la seguridad del suministro, apostar por el comercio transfronterizo de energía, limitar el impacto de los altos precios del gas en los consumidores e incentivar la inversión en fuentes renovables.

En Galicia existen proyectos que están llamados a transformar la región y que requieren la llegada de fondos europeos para su desarrollo. Estos proyectos se centran en el desarrollo de energías renovables, en las que Galicia tiene un gran potencial para convertirse en una potencia de primer nivel. Se destaca la importancia de la energía eólica, el hidrógeno verde y otras fuentes de energía sostenibles como oportunidades clave en el cambio del modelo de producción y consumo energético en la región.

El Gobierno gallego ha identificado proyectos tractores, en colaboración con la iniciativa privada, que están llamados a cambiar la economía de las zonas en las que se asientan. Algunos de estos proyectos incluyen una fábrica de fibras textiles en Palas de Rei, una planta de hidrógeno verde en As Pontes, una planta de biofertilizantes en Meirama (Cerceda) y un proyecto de elaboración de ánodos de grafito para la movilidad sostenible.

Sin embargo, es importante mencionar que estos proyectos están pendientes de la llegada de los fondos Next Generation, los cuales el Gobierno central tenía paralizados y gestionaba de manera centralizada sin escuchar a las comunidades autónomas. Esto ha generado preocupación debido a los requisitos y condiciones impuestos a estos fondos, los cuales deben ser aceptados por cada región para su implementación. Si bien España se sitúa a la cabeza en la

recepción de fondos transferidos por la UE, es necesario trasladar la misma velocidad en la llegada de fondos a la economía real. Los datos oficiales de la Administración General del Estado (AGE) del 20 de diciembre de 2022 señalan que se ha producido un despliegue de 22.000 millones de euros en convocatorias. De esta cantidad, solo 9.500 millones de euros están destinados al sector privado, alrededor de un 43% del total. Galicia recibió más del 70% de dichos recursos en los últimos meses del año y en diferentes conferencias sectoriales, un hecho que dificultó su gestión y ejecución.

En términos de producción de energía renovable Galicia cumplió ya en 2020 el objetivo que la Unión Europea marcó para 2030

Cabe mencionar por otra parte, que en términos de producción de energía renovable Galicia cumplió ya en 2020 el objetivo que la Unión Europea marcó para 2030, superando su consumo con un excedente significativo. Un 61,9% del total de su producción procede de fuentes limpias, esto sitúa a Galicia como una de las cinco comunidades autónomas en España que generan más energía eléctrica renovable de la que consumen, junto con Castilla y León, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha.

En este sentido, instamos a la colaboración entre las diferentes administraciones con competencias en materia energética y la agilización en las tramitaciones de proyectos, dos importantes cuestiones que se hacen imprescindibles para proteger y atraer inversiones, evitar la obsolescencia de las tecnologías y favorecer la mejora competitiva con respecto a otros países.

Es necesario revisar mecanismos de colaboración público-privada como clave para la ejecución de los distintos proyectos y acercarlos más a las necesidades de los territorios y desarrollar mecanismos que permitan optimizar la articulación de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, especialmente aquellos de enorme impacto sobre las empresas como el PERTE de descarbonización industrial.