La Fegamp y Confemadera tratarán de simplificar las ordenanzas forestales
La patronal de la madera considera "discriminatorias" las tasas y fianzas que gravan los aprovechamientos en buena parte de los concellos gallegos
En la actualidad, más de 15 instituciones administrativas tienen competencia sobre los aprovechamientos forestales. Los ayuntamientos son una de ellas. De hecho, más de la tercera parte de los concellos gallegos (107 de 314) cuentan con ordenanzas municipales que gravan esta actividad.
Con el objetivo de mejorar la competitividad de las pymes del sector forestal, unas de las grandes generadoras de empleo y riqueza en el rural, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Confemadera Galicia acordaron trabajar conjuntamente en la «unificación y simplificación» de estas ordenanzas, tal y como manifestaron esta tarde sus presidentes, Alfredo García y Elier Ojea, tras una reunión en Santiago.
Excesivas y discriminatorias
El presidente de patronal maderera expuso a Alfredo García la «inseguridad jurídica» que generan estas tasas y fianzas que, además, considera «discriminatorias» en comparación con otras actividades en el medio rural a las que no se les aplican.
En este sentido, explicó que las tasas municipales representan en muchos casos «un incremento de cargas administrativas y de costes de gestión que las pequeñas y medianas empresas del sector no pueden soportar».
Mantenimiento de vías
Según explican desde Confemadera, los ayuntamientos se escudan en el mantenimiento de pistas forestales para adoptar estas ordenanzas. Sin embargo, Ojea recuerda que son las empresas que cometen destrozos las que deben acometer las reparaciones correspondientes, para lo que cuentan además con seguros de responsabilidad civil que cubren este tipo de incidencias. En cualquier caso, apuntan, las administraciones locales siempre tienen la posibilidad de acudir a la vía judicial.
Por último, el sector de la madera trasladó al presidente de la Fegamp que las diputaciones también contribuyen a complicar la actividad forestal con regulaciones y ordenanzas que varían en función de la provincia en la que se encuentren, por lo que también pidieron al ente supramunicipal que actúe sobre estas cuestiones.
